La Inspección detecta que sólo el 11% de ayudas del Consell van a inversiones

Nueve de cada diez euros que la Generalitat destina a las subvenciones no sirven para mejorar la productividad de los beneficiarios, sino simplemente para mantener su día a día. Esa es una de las conclusiones que incorpora un informe de la Inspección General de Servicio (IGS), encargado el año pasado y que analiza más de 300 ayudas percibidas por concurso y procedentes de la Generalitat y su sector público. El informe señala que el «88,71% de las subvenciones por concurrencia competitiva se destina a financiar gastos corrientes y el 11,29% restante corresponde a subvenciones destinadas a financiar gastos de capital». La mayor parte de esos gastos corrientes son el día a día de los subvencionados: nóminas y gestiones vinculadas al funcionamiento cotidiano. A ello se destina casi el 90% del dinero público empleado en subvenciones. El resto, algo más de un 10%, se emplea en los «gastos de capital», es decir, en la inversión que mejora la productividad.

«En ocasiones se pervierten las ayudas, porque deberían servir de apoyo a una actividad económica o cultural, o a un tejido asociativo ya en marcha, para potenciarlo. Pero en realidad, hay subvenciones que mantienen la actividad de muchas empresas y de muchas asociaciones, y sin ese dinero no sobrevivirían porque no hay nada detrás para sustentarse», admite un alto cargo del Consell.

El informe de la IGS, actualmente vinculada a la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, pretende analizar la existencia de determinados factores que pueden favorecer la aparición de riesgos de ineficiencia en el proceso de gestión de las subvenciones, y aquellos factores que pueden favorecen la aparición de riesgos de irregularidades y malas prácticas administrativas. El alcance del informe abarca las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva en 2018 por parte de la Administración de la Generalitat y de las entidades de su Sector Público Instrumental (SPI).

La Inspección señala que el 75% de las subvenciones de gasto corriente por concurrencia competitiva se concentra en la conselleria de Educación. Las ayudas dirigidas a fomentar la inversión recaen en Educación, Vivienda y Obra Pública y Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. «Contamos con muchas subvenciones que sirven para sostener la infraestructura de asociaciones y demás entes, que no sobreviven sin esas ayudas pero luego hacen competencia al sector privado», señala un asesor empresarial vinculado al Botánico, muy crítico con las ayudas por la falta de control respecto a qué se está haciendo con ese dinero público.

El desequilibrio entre sufragar nóminas y gastos del día a día y el apoyo a las inversiones para la mejora productiva se incrementa si se tiene en cuenta que, como señala el análisis de la Inspección, «el grado de ejecución presupuestaria de la autorización y compromiso del gasto de estas subvenciones asciende al 94,64% cuyo detalle es el siguiente: un grado de ejecución presupuestaria del 96,93% en gastos corrientes y un 76,70% en gastos de capital. Por tanto, de cada 100 euros en ayudas que concedió la Generalitat en 2018, un porcentaje mínimo (11,29%) se destinó a inversiones, pero es que en realidad, y de esos once euros de gastos de capital, se ejecutaron ocho.

El informe señala que existen deficiencias a la hora de recopilar los datos desde cada consellería, así como en las aplicaciones informáticas que deben servir para registrar esas ayudas y, por tanto, controlarlas mejor, desde su origen hasta su utilización y justificación. También incide en la lentitud de las tramitaciones o en la falta de «profesionalización» de los beneficiarios de las ayudas, lo que también provoca que la gran mayoría no gestione bien ese dinero público.

Respecto a ese porcentaje de dinero que va al gasto corriente o al gasto de capital, la IGS hace un distingo con el Sector Público. La relevancia de las subvenciones destinadas al día a día, sin incidir en la inversión, también en el SPI es mayor que las destinadas a gastos de capital, tanto en términos de volumen presupuestario como de número de líneas de subvención.

«No obstante, si se compara con la Administración de la Generalitat, en las entidades del Sector Público Instrumental, la relevancia de las subvenciones de capital es mayor que en Generalitat (29,35% frente al 11,29%). Es decir, que de las ayudas que conceden las empresas públicas, el porcentaje gastado en mejorar la productividad roza al 30%.

«Del análisis comparativo de las consellerias se obtiene que aquellas que gestionan un menor volumen presupuestario de subvenciones son las que tienen menor grado de ejecución presupuestaria», indica el informe de la Inspección. De modo que cuanto menos dinero público emplea cada conselleria en subvenciones, peor es la eficiencia de esas conselleria a la hora de tramitar y ejecutar las ayudas que tenía previsto conceder.

«Se observa una evidente relación causa efecto entre una fecha de publicación tardía de la convocatoria de subvenciones y un grado de ejecución bajo», señala el informe de la Inspección General de Servicio (IGS) en su apartado de conclusiones generales del análisis de las 381 líneas de subvenciones públicas otorgadas por concurso desde la Generalitat y las empresas del Sector Público Instrumental.

Ante esa situación, la IGS indica en el capítulo de recomendaciones específicas que «es fundamental que las consellerias y entidades publiquen las convocatorias de subvención en el primer trimestre del año o por tramitación anticipada para garantizar una gestión eficiente y una adecuada ejecución presupuestaria». La publicación de las ayudas a principio de año es casi una utopía para el Consell. El Botánico admite que existe una gran lentitud en la tramitación de las subvenciones, lo que achaca a la falta de funcionarios y a la imposibilidad de incrementar las plantillas de la Administración por el techo de gasto.

La tardanza a la hora de publicar las subvenciones provocó un porcentaje muy bajo de ejecución de las ayudas públicas durante la pasada legislatura en consellerias como la de Economía, además de otras áreas muy específicas como las vinculadas con la vivienda.

«Las líneas de subvención que a cierre del ejercicio no hayan alcanzado un grado de ejecución del 90% deberían ser revisadas por sus órganos gestores con el objetivo de detectar sus causas, mejorar los procedimientos de gestión de las mismas y, en su caso, adoptar las medidas que fueran necesarias», recomienda la IGS.