La Inspección de Bravo cerró la legislatura criticando el modelo de dependencia ideado por Oltra

El Consell del tripartito finalizó la legislatura en franca discrepancia. Una nueva prueba de ello es el modo en que la Inspección General de Servicios de la Generalitat, dependiente de la Conselleria de Administración Pública que dirigía la socialista Gabriela Bravo, finalizó su actividad en la legislatura, con un detallado análisis sobre el proceso de reconocimiento del grado de dependencia y prestaciones asociadas. La IGS analiza y evalúa todo el sistema ideado por la exconsellera Mónica Oltra. La valoración es «favorable», el cambio realizado se considera «positivo» en términos generales. Sin embargo, al bajar al detalle se despliega una serie de carencias muy importantes.

La IGS considera «inaceptable» la lista de espera en la dependencia. Además, subraya las «limitaciones» en la implantación del modelo. También destaca el alto grado de incumplimiento en los plazos de emisión de informes desde la inmensa mayoría de municipios.

La Inspección apunta a las «dificultades del modelo» para planificar y monitorizar la gestión de los casos, señala los problemas con las tramitaciones que se alargan por alguna situación singular y admite que la atención a la dependencia es desigual en la Comunitat y condicionada al lugar de residencia. El informe reconoce que «no parece factible» reducir los plazos de resolución de las tramitaciones. Para rematar, la IGS alerta de que «no consta que se realice una planificación de la gestión de carácter global».

La lista de objeciones y la calidad de las mismas es tan notable que permite cuestionar el conjunto del modelo a tenor de sus lagunas. La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, hereda un sistema de dependencia ideado por Oltra que la Inspección de la Generalitat, todavía en manos del tripartito, (con Gabriela Bravo al frente de la conselleria de la que dependía la IGS) pone en duda.

El informe de la Inspección se remite el 28 de abril, justo un mes antes de elecciones y se da a conocer a través de la propia web de la IGS pocos días después de los comicios. Despedida y cierre. En la comparativa con otras autonomías, el análisis resalta que la Comunitat se sitúa «en mejor posición que la media».

«En general», señala sobre los resultados de la gestión, «ha sido favorable». No obstante se advierte que las personas en la lista de espera (más de 12.000 a finales de diciembre de 2022» es «inaceptable» y advierte que cada año se resuelven miles de expedientes menos que los tramitados. Igualmente, recalca que los municipios que incumplen los plazos para emitir sus valoraciones sobre dependencia son el 85% en Alicante, el 88% en Valencia y más del 70% en Castellón.

El análisis ataca al corazón de un modelo de gestión implantado en 2017 por Oltra, ya que admite que la dualidad de competencias repartidas entre la Generalitat y los servicios sociales municipales es defectuosa. «La dificultad del modelo radica, al interactuar diferentes administraciones, en la planificación y seguimiento de la gestión», reconoce un informe que subraya que «la atención a las personas en dependencia está muy condicionada por el lugar de residencia, lo que supone acceder de modo «desigual».

Aunque considera «positivo» el cambio del modelo anterior al que implanta Oltra, incide en que «este cambio está sufriendo limitaciones» en su implantación y en lo que se refiere a los municipios: «No consta que se realice una planificación de la gestión de carácter global», y pone el acento en la asimetría entre las administraciones autonómica y municipal.

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