La Inspección del Consell alerta de que las empresas públicas contratan sin control

Una parte del Consell ha cerrado la legislatura con la sensación de que el sector público instrumental, las decenas de empresas públicas de la Generalitat, cerca de medio centenar, no ha incorporado los controles sobre la contratación, especialmente en el caso de las adjudicaciones menores (las que no precisan de concurso público), que desarrollan en la Administración autonómica. Los sistemas de alertas implementados por Transparencia precisan de una homogeneidad informática que brilla por su ausencia entre las empresas vinculadas al Ejecutivo valenciano, que en su mayor parte están fuera de control. En los presupuestos autonómicos de 2018, su dotación se incrementó un 5,93% respecto al año anterior, hasta los 2.130,8 millones. Entonces aumentó su dotación en 136,1 millones, más del 11,% de las cuentas públicas va destinado a sociedades que operan de manera muy dispar. Hay mucho dinero en juego y sin que nadie lo vigile adecuadamente. En 2019, los entes públicos manejan más de 2.600 millones de euros.

En el caso de alguna de ellas, como la Sociedad de Proyectos Temáticos, se han celebrado reuniones entre varias consellerias con el fin de revisar los criterios de adjudicación de los contratos menores, especialmente en lo vinculado al Distrito Digital de Alicante. La Inspección General de Servicios (IGS), subdirección integrada en la Conselleria de Transparencia, ha elaborado un informe sobre la contratación tras analizar los procedimientos en una veintena de entidades, y los datos son abrumadores. El mapa de riesgos parece un mapa lunar, lleno de cráteres, agujeros por donde se escapa la contratación.

La IGS realiza una serie de recomendaciones a la vista del proceder de las empresas de la Generalitat. Se han detectado carencias en la planificación anual de la contratación, lo que propicia que, sobre la marcha, se adjudiquen servicios a dedo.

Igualmente, los inspectores alertan de la necesidad de incrementar los controles de los conflictos de intereses entre los adjudicantes y los responsables de la contratación, incorporar manuales de procedimientos y asumir la necesidad de corregir las incidencias que detectan los auditores, en el caso de que las empresas cuenten con ellos, ya que muchos entes no los han incorporado, tal y como ya adelantó LAS PROVINCIAS.

En porcentajes, un 77,3% de las entidades testada no planifica anualmente la totalidad de sus contratos. En el 90,9% de las empresas analizadas se incurre en el peligro de no analizar los posibles conflictos de intereses entre aquellos que participan en las adjudicaciones y las empresas a los que la Generalitat asigna los contratos.

«Si bien la licitación electrónica es obligatoria desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, se ha podido constatar que no todas las entidades están cumpliendo con este precepto, alegando dificultades técnicas, de formación o de recursos humanos», denuncia el informe, que advierte de que, independientemente de las dificultades, se ha de realizar la tramitación electrónica para cumplir con lo marcado por la ley nacional de transparencia en materia de divulgación de la contratación pública, algo que no se está haciendo según se deduce del informe de la IGS. En cada entidad pública se trabaja de una manera. A la hora de hacer un recuento del modo de gestionar los contratos se han contabilizado media docena de aplicaciones distintas para registrar informáticamente las adjudicaciones. Ninguna ha automatizado el envío de los datos sobre la contratación menor.

Respecto a los contratos menores, los inspectores recuerdan que ese tipo de adjudicación sin concurso debe controlarse más, tanto precisar el objeto de los contratos como comprobar que no se está produciendo un fraccionamiento. Igualmente, la IGS ha detectado que no se están aplicando criterios de control del acceso interno a los datos de los contratos. En un tercio de los entes, las personas designadas para decidir la contratación carece de capacidad y experiencia profesional para elabora los pliegos técnicos.

Las consecuencias de todo esto es un elevado riesgo, según el informe, de favorecer el impulso de contratos innecesarios, adjudicar de manera directa sin realizar concursos públicos y de una «preparación deficiente de los pliegos técnicos por falta de tiempo». La IGS también alerta de que hay peligro de «restringir la competencia, influir en la decisión de contratar con una determinada entidad, contratar a un precio superior al de mercado o evaluar las ofertas de forma sesgada o inadecuada para favorecer a una entidad determinada».