La Inspección constata el descontrol del teletrabajo en la Generalitat

La intención de los inspectores del departamento en manos de Gabriela Bravo cuando se decidió hacer el informe era «diseñar los mecanismos de evaluación», con los que la IGS pueda evaluar «la repercusión que el servicio prestado en la modalidad de teletrabajo pueda tener en la organización, funcionamiento y prestación de los servicios por parte de las distintas unidades y órganos acogidos a esta modalidad, prestando especial atención a la perspectiva de género».

La primera conclusión a la que llegan desde la IGS es que sufren limitaciones que impiden la evaluación. Tal es el caso de contar con una «información voluminosa, inconsistente e insuficiente para la medición de los aspectos más relevantes», la «carencia de objetivos en las unidades y de las personas no teletrabajadoras», la «difícil diferenciación entre las tareas realizadas en días de teletrabajo o de forma presencial en la oficina» y que los datos son tan heterogéneos que «imposibilitan realizar un análisis comparativo» entre las distintas fórmulas de trabajo.

El teletrabajo se reguló a través de un decreto, el 49/2021, que ha resultado un completo caos a la hora de su posterior evaluación. El enfrentamiento en el seno del Consell con motivo de esta fórmula laboral arrancó con la pandemia y se cerró en falso con el decreto. Los socialistas, con Bravo al frente de las competencias del funcionariado, mostraron serias reticencias frente al modo en que las consellerías de Compromís decidieron implementar la medida, como en el caso de Economía.

A la hora de intentar hacer un balance, la IGS detecta problemas para los responsables de los equipos de trabajo, «no pudiendo redistribuir tareas o adaptar los servicios a nuevas necesidades». Y es que los inspectores alertan de que el decreto que regula el teletrabajo es demasiado «rígido», lo que dificulta la implementación.

«De las entrevistas realizadas se ha constatado que el estilo de dirección de la persona responsable de la unidad es fundamental para determinar si se ha hecho o no un control exhaustivo del teletrabajo», admiten los inspectores. A pesar de que se trata de una medida que actualmente afecta a cerca de un millar de empleados públicos, su funcionamiento depende menos de los sistemas de trabajo que de la volunta de los trabajadores y sus jefes. De este modo, «no queda claro si la persona responsable de la unidad realiza una valoración objetiva del cumplimiento o incumplimiento de los compromisos basada en evidencias o sencillamente se basa en la percepción subjetiva del trabajo realizado».

El informe advierte de que no se cumplen los compromisos de ejecución de tareas, ni se justifica el por qué del incumplimiento, ni se corrige. Por todo esto, desde la IGS se insta a que se sistematice el seguimiento del trabajo a distancia, porque de otro modo no hay manera de saber qué se está haciendo bien o mal.