La Inspección de la Generalitat recrimina a Sanidad contratos de interinos a dedo

La Conselleria de Sanidad ha sido durante esta legislatura una verdadera piedra en el zapato para el presidente Ximo Puig. La gestión de la exconsellera Carmen Montón ha dejado mucho que desear en importantes áreas de un departamento que ya arrastraba serios problemas desde hace tiempo y que acapara nada menos que un tercio del presupuesto total de la Generalitat. Desde la llegada de Ana Barceló a la conselleria algunos problemas se han comenzado a resolver pero han ido surgiendo otros impedimentos. El último capítulo tiene que ver con la contratación ya que la Inspección de la Generalitat ha recriminado a la conselleria que fabrique contratos a medida para trabajadores interinos.

La Inspección General de Servicios (IGS) de la Generalitat, adscrito a la Conselleria de Transparencia, concluye en un informe que la Conselleria de Sanidad realizó un traje a medida para contratar a cinco personas. El documento, fechado el pasado 10 de diciembre, advierte al departamento dirigido por Ana Barceló de «irregularidades que ponen de manifiesto un incumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la cobertura de los puestos analizados». En el escrito tan sólo aparece la fecha en la que fue remitido el informe por lo que no está claro si los hechos ocurrieron cuando el departamento estaba encabezado por Carmen Montón o Ana Barceló. Montón dejó la conselleria el pasado junio para integrarse en el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, en el que apenas duró 100 días por el escándalo del máster, por lo que no se puede descartar que el proceso de selección hubiese tenido lugar cuando ella estaba al frente.

El organismo interventor incide en que habían nombramientos previos de personal interino «de carácter temporal y duración determinada» y ve claro que existía una necesidad estructural que debía ser atendida «en su momento creando y clasificando adecuadamente dichas plazas». Pero esta selección se habría realizado, según el mismo informe, para que las plazas fueran ocupadas por las personas que ya estaban dentro del departamento y evitar así que se les colara una persona ajena a la estructura a la que habría que iniciar en unos trabajos que parece que consideraron que no podían esperar bajo ningún concepto. La actuación ha concluido que existía «una clara y evidente relación» entre las personas que han sido nombradas personal de carácter temporal y duración determinada con quienes después ocuparon los puestos vacantes ya que eran las mismas personas. Estos indicios hicieron saltar las alarmas ya que se tratarían de puesto hechos a medida.

Por ello, considera que «no resulta idóneo en este caso» que se haya optado por un procedimiento abreviado de selección que, como recuerda, debe tener «carácter excepcional y es ajeno a la normativa específica». Subraya que «tampoco concurren las causas que avalen su utilización» al no poderse justificar ni la urgente necesidad ni la especifidad de funciones.

La investigación sentencia que el baremo utilizado favorece, con nada menos que un 45% de los puntos máximos, tener experiencia en puestos similares de la misma conselleria. El documento señala que esta experiencia «sólo la podían acreditar las mismas personas que venían prestando esos servicios con anterioridad (desde 2014) a través de los contratos de carácter temporal y duración determinada y que coincide que han sido las que finalmente han sido seleccionadas». Esta baremación dejaba sin posibilidades a los aspirantes de fuera que se presentaron a la convocatoria y que, como parece que estaba previsto, no lograron ocupar ninguno de los puestos vacantes.

Después de evidenciar toda esta serie de irregularidades se recomienda a la subsecretaría de la Conselleria de Sanidad, que es el área de la que depende Recursos Humanos, que valore «iniciar una revisión de oficio de la convocatoria analizada». Del mismo modo, se insta al departamento a mejorar las planificación de sus recursos, en particular a los que hacen referencia a la creación, clasificación de puestos de trabajo y publicación de las correspondientes bolsas para evitar recurrir a procedimientos de carácter excepcional que pueden crear problemas como los señalados y que, en este caso, no considera que estén justificados. De la misma forma, se propone que se desarrollen «los procedimientos administrativos que conduzcan a la provisión definitiva de los puestos» afectados en la convocatoria y a otros similares que podrían cometer irregularidades similares.

Resulta especialmente relevante que haya sido la misma conselleria de Transparencia la que haya recriminado estos fallos a Sanidad. Durante la legislatura habían existido otros avisos pero estos eran llevados a cabo por organismos públicos fiscalizadores o por auditorías realizadas por alguna empresa externa concreta. Ahora, será necesario comprobar si desde el departamento que encabeza Barceló se opta por mantener la situación actual o se atienden las recomendaciones de la Inspección General de Servicios y se replantea la convocatoria.

Este nuevo escándalo en el seno de la Conselleria de Sanidad es para la oposición un nuevo capítulo más «en la dinámica de enchufes» que ha vivido el departamento en esta legislatura. José Juan Zaplana, diputado del PP en Les Corts y portavoz de Sanidad en la formación, destacó, en declaraciones a este diario, que con estos casos sólo se crean conflictos entre los trabajadores de la Generalitat y consideró que esta situación también afecta a «la seguridad de los propios empleados». El parlamentario incidió en la idea de que ahora mismo «hay casos donde el personal interino temporal no sabe si deben concurrir o no a determinados procesos selectivos por culpa de que se fabriquen concursos a medida».

Zaplana subrayó la necesidad de poner fin «a la política de enchufes» que recordó que están denunciando desde que los socialistas llegaron al Consell y rememoró otros conflictos como la reversión del Hospital de La Ribera o la adjudicación de los contratos de las resonancias. El diputado del PP se preguntó si se volverán a convocar las plazas afectadas y sentenció que «es necesario que se asuman algún tipo de responsabilidades políticas si en los próximos días no se dan explicaciones acerca de estos puestos a medida».