b. f.
Sábado, 29 de mayo 2021, 00:10
El PP presentó ayer un escrito de denuncia ante la Conselleria de Educación y Cultura que dirige Vicent Marzà en el que ... detallan las irregularidades que han detectado en las subvenciones otorgadas a Francis Puig y sus socios. El montante de las ayudas afectadas por la denuncia contra el hermano del jefe del Consell y su entorno empresarial asciende a cerca de un millón de euros, dinero público otorgado por parte de la Generalitat a las empresas investigadas en los juzgados por supuesto fraude de subvenciones. El PP reclama a Marzà que acometa una doble actuación. Por un lado, que se persone en la causa judicial que se instruye y por otro que actúe administrativamente de oficio precisamente por esos hechos investigados y las pruebas recabadas en la instrucción del procedimiento. Todo para que ese dinero vuelva a las arcas públicas.
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El documento preparado por los populares detalla las subvenciones por el fomento del valenciano recibidas por Comunicació dels Ports entre 2015 y 2018, que sólo en esos años supera los 280.000 euros, una cantidad para lo cual se emplean facturas supuestamente duplicadas con Mas Mut, otra empresa liderada por Francis Puig, que también captó de Educación ayudas por el mismo concepto, lo que no les impidió acudir a la Generalitat catalana para buscar similar beneficio, lo que los populares señalan como incompatible. Entre unas cosas y otras, desde la oposición se calcula que la conselleria de Marzà ha regado con más de medio millón de euros a las empresas regentadas por Francis Puig.
A todo esto habría que sumar las subvenciones recibidas por los Adell Bover, familia vinculada en lo que se refiere a su actividad económica con las empresas del hermano del presidente.
Tanta relación tienen los Puig y los Adell Bover que el PP considera que los gastos que sirven para justificar las subvenciones son consecuencia de facturas cruzadas entre las sociedades de ambas familias, «de modo que se pone de manifiesto la intención fraudulenta de hinchar los gastos para obtener una mayor ayuda pública».
En total, según los populares, más de medio millón en subvenciones justificadas de manera irregular, por lo que la cantidad total a reclamar superaría el millón de euros por ayudas recibidas indebidamente. Fuentes populares consideran que la conselleria de Marzà ya debería haberse personado, a través de la Abogacía de la Generalitat, en la investigación del Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, desde donde se han promovido ya registros de la Guardia Civil en las oficinas de las empresas imputadas. Los abogados de Francis Puig y sus socios reclamaron la nulidad de esos registros, lo cual fue desestimado por el juzgado, así como la intención de la defensa de limitar las pesquisas de la Guardia Civil. Las mismas fuentes señalan que el escrito presentado ayer hace hincapié en que la conselleria recupere el dinero por vía administrativa mediante un procedimiento de reintegro de subvenciones si detecta fraude en el ejercicio de sus facultades de autotutela de las ayudas que les otorgó.
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