El PP insta a Rodríguez a no ser cómplice de Rius en la contratación irregular

La portavoz del Grupo Popular de la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, reclamó esta semana medidas contundentes al presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, contra el diputado de Cultura, Xavier Rius (Compromís), tras la revelación de LAS PROVINCIAS de nuevas irregularidades en las contrataciones del MuVIM.

"¿Qué más debe suceder para que Jorge Rodríguez se decida a ejercer de Presidente?", se preguntó Contelles: «Si no toma medidas contra Rius será cómplice de las contrataciones irregulares».

Para Contelles, «es muy grave que Xavier Rius ignore las advertencias de la Intervención y del Secretario General de la institución provincial ante los supuestos fraccionamientos de contratos. Rius debe asumir la responsabilidad política de avalar las contrataciones que eludieron la fiscalización con falsedades en los informes». Los populares señalaron que en el caso de la contratación de los catálogos de la exposición 'La modernitat republicana a València' del MuVIM, el diputado de la formación que dirige Mónica Oltra es reincidente. Se repite el 'modus oparandi' desvelado en los casos de la contratación irregular de los actores-guía de la exposición permanente del museo a una empresa de familiares de Compromís, vinculados al teniente alcalde de Paterna.

«Se produjeron contrataciones continuadas a dedo a una empresa y un autónomo, hermano de Juan Manuel Ramón Paúl, que ha resultado ser el administrador de la empresa anteriormente contratada para un mismo servicio y a su esposa que ejerce también como administradora», relata Contelles, para quien la situación es más grave si cabe porque las primeras contrataciones coinciden con el periodo en que Ramón ejercía de asesor de Rius.

«Tras la contratación continuada de catálogos a empresas que comparten administrador, ha quedado demostrado que la gestión de Compromís en la Diputación está marcada por las irregularidades, el intento de eludir la fiscalización y el enchufismo», indicó Contelles, quien también recordó que esta misma semana ya pidieron a Rodríguez medidas ante las contrataciones de actores-guía del MuVIM que revelaban un presunto fraccionamiento de contratos y una presunta falsedad para esquivar a Intervención.

El expediente de la adjudicación del trabajo de impresión de los catálogos incluye situaciones más que curiosas. Tras las peticiones (por dos veces) de los servicios de control de la Diputación para obtener garantías de que no había fragmentación de contratos (se llegó a paralizar el cobro de una factura), finalmente se realizó un informe. Los directivos del MuVIM que Rius defiende subrayan en su informe que, aunque la ley de contratos menores no lo exige, «en el caso de la nueva edición procedimos (a solicitar tres presupuestos) con esta garantía de concurrencia añadida. Por criterios económicos se va a decidir hacer el encargo». Sin embargo, en el decreto que adjudicó el encargo a Campgráfic se justifica la adjudicación en función de su «experiencia», y no por los «criterios económicos» que se alegó tras informar LAS PROVINCIAS de la situación. Los presupuestos pedidos como «garantía» es difícil que sirvan para avalar la limpieza del proceso. Uno de ellos se solicitó a una empresa (Projectem) vinculada a la adjudicataria (Campgràfic), cuyo administrador es el mismo que la firma (Martín Impresores) que ya recibió el contrato menor para imprimir ese catálogo en una primera edición. Projectem cuenta con la misma dirección, fax y teléfono que la ganadora. Además, tanto el presupuesto supuestamente alternativo de Projectem como el de la otra empresa barajan características que no cuadran con el producto encargado: la ganadora marcó precio por un catálogo de 648 páginas, mientras que sus dos rivales ofrecieron su presupuesto en función de un catálogo de 480 páginas, lo que no se ajustaba a las características del presupuesto teóricamente solicitado por la Diputación. Esa extraña coincidencia en el error, en realidad, importa poco. Al fin y al cabo, la propuesta de decreto que señala a Campgráfic como ganadora tiene fecha anterior a los presupuestos que supuestamente le disputaron la adjudicación. No hubo demasiada competencia. Ni «garantía».