La instrucción del caso Rius ve determinante el informe crítico del interventor

Francesc Xavier Rius Torres, nacido en Paterna en 1971, portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia y responsable del Área de Cultura en la corporación provincial, esperaba el jueves a las puertas del Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia a declarar ante el juez. Muy poco después de las 12 de la mañana entró en una sala a comparecer. Llevaba esperando previamente varios minutos en los pasillos de la tercera planta de la Ciudad de la Justicia de Valencia. El juez accedió a aplazar su declaración porque el diputado Rius no tenía más constancia de su situación procesal que la citación. Su abogado recogió en ese momento la documentación sobre el caso. A las 12.15 horas, el portavoz de Compromís salió del juzgado. En los pasillos, su abogado le indicó cómo abandonar por la parte trasera el gran edificio contenedor de los despachos judiciales. En el interior de las dependencias de Instrucción 7 se le comunicó que los informes del Servicio de Intervención de la Diputación de Valencia han sido determinantes para que el caso se haya admitido a trámite. En un plazo cercano a 20 días, finalmente y tras el aplazamiento, deberá comparecer ante el juez como imputado.

«Dadas las características del contrato de guías de la exposición permanente del MuVIM 'La aventura del pensamiento', no cabe la figura del contrato menor, por lo tanto su utilización supone un supuesto de fraccionamiento según lo previsto en el artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público». Así concluye el informe que el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, solicitó a finales del mes de febrero a raíz de las informaciones ofrecidas por LAS PROVINCIAS en relación a las adjudicaciones autorizadas por el diputado de Cultura.

El análisis del interventor respecto a la contratación histórica del servicio de guías señala que en los encargos se realizan a las mismas personas desde 2005. Sin embargo, en 2015, la Diputación cambia de manos y se dan situaciones peculiares.

El gobierno provincial se reparte entre PSPV, Compromís, EU y Podemos. En ese año se presentan solamente tres facturas que no suman ni 3.000 euros. ¿Por qué?, porque los responsables populares de Cultura en la Diputación consideraron que la operatividad de la exposición era nula y cesaron su actividad.

Sin embargo, a finales de diciembre, el diputado Xavier Rius y el director del MuVIM, Rafa Company, anuncian que reabren la exposición permanente, un objetivo que debía cumplirse a toda costa, con tanto empeño que incluso se realizaron varias aperturas fallidas. «Estamos ante un intento deliberado de ocultar contrataciones, ya que en dos informes del MuVIM entregados al Grupo Popular se obvian facturas (a nombre de Eva Moreno, una de los propietarios de la empresa adjudicataria, investigados en el procedimiento como Rius). Queremos saber dónde ha ido el dinero de esas facturas, que según él (Rius) no existían para unos servicios del MuVIM que tampoco se realizaron teóricamente», señaló Mari Carmen Contelles cuando acudió a los juzgados en febrero.

La portavoz del PP en la Diputación presentó una querella en la que señala al portavoz de Compromís en la corporación por presunta prevaricación, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias.

El juez instructor solicitó antes del verano documentación a la Diputación. El juzgado reclamó a la Intervención de la Diputación un informe que indicase si las contrataciones se ajustaron a la legalidad y si la serie de adjudicaciones pueden considerarse fraccionamiento de contratos. Se trata de una solicitud similar a la de la Agencia Antifraude por esos encargos, que la oficina que dirige Joan Llinares centró en las adjudicaciones realizadas entre 2015 y 2018, y que quedó paralizada cuando se inició el proceso judicial. Las conversaciones entre los investigadores de los juzgados y la Intervención, así como los informes han sido determinantes, según fuentes judiciales, para que el proceso contra Rius cristalice.

El problema para la Diputación es que un fraccionamiento de contratos es una irregularidad, pero una intención de ocultarlos a los servicios de control es ya otro tipo de asunto, mucho más comprometido. Según los dos investigados que sí declararon el jueves, los dueños de la adjudicataria, fue desde el personal de la Diputación que se les índico la fórmula de facturar en unos casos los mismos servicios como una empresa, y en otros a título particular cada uno de los dos.