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La atmósfera entre la Fiscalía Anticorrupción y la nueva dirigencia de Antifraude permanece enrarecida. La relación no parece óptima. Más bien todo lo contrario. Existe ... una visión contrapuesta. La Fiscalía sostiene que parte del prestigio y reconocimiento de la Agencia ha llegado por las respectivas periciales. En cambio, el nuevo director de la Agencia, Eduardo Beut, mantiene que la Agencia no puede concentrar su esfuerzo en ese tipo de trabajos y dejar de lado las tareas de investigación.
Esta diferencia de opiniones se ha trasladado también al cruce de escritos entre ambos departamentos a través del juzgado de Instrucción 13 de Valencia, el órgano encargado de la investigación de Azud. Una cuestión en apariencia menor pero que resulta suficiente para mostrar una cierta tensión.
El próximo día 6 de noviembre declaran cuatro inspectores de Antifraude. Se trata de que ratifiquen el informe que elaboraron en su momento. La Agencia informó al juzgado de que uno de ellos -el exjefe de investigaciones Gustavo Segura- ya no trabaja en el organismo sino en un Ayuntamiento. Pero, además, señalaba que al no ser ya funcionarios adscritos a la entidad no podían tener acceso a los informes periciales. Idéntico supuesto planteaba para otra profesional que se encuentra de baja laboral.
La Fiscalía Anticorrupción ha informado de que debe ser la Agencia la que les dé traslado de los informes pese a que esos dosieres ya están en el juzgado desde hace meses. La juez ha defendido la tesis de la fiscalía y ha trasladado la orden al citado organismo.
El juzgado de Azud ha dado un impulso a la causa. Durante el próximo mes ha convocado a cerca de 25 personas, entre testigos e imputados, para aclarar prácticamente todas las vías que se investigan en la causa. El caso de los Colegios, las irregularidades de Aumsa y el PAI del Grao serán los principales asuntos que se abordarán, supuestas tramas donde la red extendió sus tentáculos.
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