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Intersindical pide incluir en la ley de acompañamiento la capacitación lingüística

El sindicato recuerda que se puede aprovechar la reforma de la ley de Función Pública que ya propone el Consell

E. P.

Jueves, 20 de septiembre 2018, 00:45

valencia. Intersindical Valenciana propondrá a los partidos de Les Corts que presenten enmiendas al anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat para 2019 con el fin de introducir la regulación de la capacitación lingüística para el acceso a las administraciones y que entre en vigor a partir del 1 de enero.

El texto del anteproyecto «no contempla esta regulación, a pesar de que el sindicato propuso su inclusión en la última Mesa General de Negociación y en reuniones bilaterales con los dirigentes de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas», subrayó el sindicato en un comunicado. Por ello, Intersindical apuesta por una fórmula que considera «bastante sencilla»: «Modificar la actual Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana a través de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat para 2019».

Esta fórmula se ha usado en «otras muchas ocasiones y por muchos asuntos», señaló Intersindical, antes de detallar que en el anteproyecto para 2019 se modifican los artículos 40.3, 63.5, 95.2, letra d) y se añade una Disposición Transitoria Quincena.

En consecuencia, «no tendría que haber ningún inconveniente por parte del Consell y de Les Corts al incluir la regulación de la competencia lingüística en los términos que aparecen en el anteproyecto de la nueva Ley de Función Pública Valenciana», agregó.

Intersindical criticó el «considerable retraso» en la negociación y tramitación de esta ley, ya que «con casi toda seguridad no será aprobada en esta legislatura o, en el caso remoto que se pueda hacer, no se podrá desplegar antes de su finalización», lamentó. En este sentido, el sindicato remarcó que la «lentitud y complejidad de la tramitación» puede «impedir su aprobación en esta legislatura y prorrogará en el tiempo la desigualdad lingüística que existe en las administraciones públicas».

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