Intervención afea a Antifraude que elija a dedo a la mitad de sus puestos

La Intervención ha reprochado a la Agencia Antifraude que el 57% de las plazas que se recogen en su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) han sido completadas con el método de libre designación, es decir, a dedo.

No se trata de un método prohibido o ilegal, pero evidentemente no es el óptimo en un organismo público, tal y como recoge el dosier de los especialistas. Y menos en Antifraude, la entidad dirigida por Joan Llinares que persigue fundamentalmente la ejemplaridad en las conductas de todos los departamentos de la administración autonómica y local.

El documento de control financiero, que analiza los primeros seis meses del pasado año, subraya que las jefaturas de unidades, de servicios y de áreas, junto a los letrados se hacen por libre designación. El porcentaje supera el 57% de los puestos en la Agencia, según el informe.

Intervención recuerda que siguiendo el criterio del Tribunal Supremo ha de ser el concurso «el modo normal de provisión». De tal forma que la libre designación, cuando se quiera recurrir a ella por las especiales circunstancias del puesto, confianza o máxima responsabilidad del cometido, se debe justificar esa opción de manera específica.

Es más, en este sentido, Intervención precisa que en la modificación de la RPT se debería incluir una justificación específica para cada uno de los puestos para analizar si realmente procede evitar el concurso. Considera insuficiente esa mención genérica en la aprobación de la RPT. Esta es la observación más importante del informe sobre la actuación de la Agencia. El trabajo es definitivo después de que la Agencia enviara ya sus alegaciones para rebatir las primeras conclusiones, de carácter provisional. Respecto a esta cuestión, la de la discrecionalidad, la Agencia alegaba precisamente a un informe jurídico con la aprobación de la RPT que establecía esta posibilidad.

Intervención también realiza algunos apuntes menores a contratación menor, como en el caso de los equipos informáticos encargados ante el aumento de personal o el contrato de una letrada externa para la representación de la Agencia en juicios. En este último supuesto se prorrogó el servicio con el despacho que estaba contratado previamente porque el expediente de contratación no pudo sacarse debido al confinamiento de marzo. Intervención sostiene que el anuncio de la licitación del servicio, requisito para este contrato puente debe hacerse tres meses antes de la finalización del primero contrato. Y esto era antes de que se decretara el estado de alarma. Son, no obstante, cuestiones menores comparadas con la discrecionalidad.

Existe una especie de boom mediático con Antifraude, reducto que han aprovechado muchos partidos para denunciar presuntas corruptelas. Se ha constituido en una vía alternativa a la Fiscalía para esta primera fase de las pesquisas. No obstante, según la propia memoria de la Agencia, el 80% de las denuncias que llegan al organismo se archivan sin practicar diligencias. Aún así, Antifraude soporta una evidente carga de trabajo para los medios con los que cuenta. De hecho, esta ha sido una de las causas del abandono de buena parte de la plantilla que arrancó en la Agencia. Alrededor de 15 personas, en algunos casos muy relevantes en el organigrama, han dejado su puesto en los últimos años. Llinares achacó esta circunstancia a lo difícil que resulta a los funcionarios adaptarse a una Agencia supuestamente tan exigente como esta.

Antifraude depende de Les Corts. No está adscrita a ninguna Conselleria. Nació con el apoyo de Podemos, pero no cuenta con las simpatías del resto del Botánico ni de la oposición. Esta misma semana, el Tribunal Supremo condenaba a la Agencia por no entregar los expedientes de Francis Puig al PP. Para Manolo Mata, síndic del PSPV, el fallo es el «rejón de muerte» del organismo.