A.G.R.
Miércoles, 9 de mayo 2018, 16:32
Un informe de la Intervención General del Estado, que consta en la causa en la que se investiga el trato de favor a la mercantil Crespo Gomar que supuestamente ayudo a financiar al PSPV, recoge las graves irregularidades que se detectaron en la adjudicación de un contrato del Ministerio de Vivienda a la citada agencia de comunicación. Los hechos son de 2009 y el servicio se licitó por un importe de 126.000 euros. Por un lado, el contrato de esta campaña de comunicación se licita como urgente cuando el Interventor reprocha que no existe motivo para optar por esta modalidad.
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El auditor detecta además graves fallos en la mesa de contratación que se constituye y la falta de documentación de las empresas que concurren a la licitación. Pese a esto se abre la documentación técnica, recoge la documentación judicial. Tampoco cuadran las fechas en las que el Abogado del Estado supervisó que la mercantil investigada tenía capacidad para concurrir al proceso administrativo y la fecha que se recoge en el contrato, que sería anterior a cuando realmente se produjo. En resumen, para la Intervención todo el proceso resulta «incoherente e imposible».
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