Intervención confirma el uso de dinero municipal para compras irregulares

La investigación judicial a la exdil de Podemos María Oliver -hoy en día asesora del vicepresidente Rubén Martínez Dalmau- y el profesor de la Universitat de València y ex alto cargo de la formación morada, José Manuel Rodríguez, afronta ya su recta final. Y lo hace con cada vez más indicios delictivos contra la actuación de ambos responsables. El último en llegar al juzgado de Instrucción 19 de Valencia es un informe de la propia Intervención municipal, que censura los gastos que el docente -ex miembro de la dirección autonómica de Podemos- cargó a la cuenta donde se transfería la subvención pública.

Resulta evidente el giro que se ha producido en la concejalía tras el cambio de Gobierno y la llegada del PSPV. La edil Maite Ibáñez ya adelantó que iba a frenar el pago de la siguiente anualidad del convenio, unos 30.000 euros que quedan pendientes. El informe de la Intervención del Ayuntamiento confirma las sospechas acerca de la actuación, principalmente, del profesor.

El titular de Sociología era el máximo responsable del mapa escolar de la ciudad, un área en la que el Ayuntamiento apenas tiene competencia. La Intervención dictamina que no son subvencionables y, por tanto, quedan fuera del convenio suscrito con el Ayuntamiento, una serie de aparatos tecnológicos que el académico adquirió y de los que se desconoce su uso en el proyecto y actual destino. Así, tras la consulta de la normativa, los expertos del Consistorio determinan que no se debió pagar con dinero público una cámara de fotos Panasonic, un ordenador portátil, otra cámara fotográfica JVC, una mesa de juntas de cristal, una grabadora y un iPad con su funda y teclado. Todos estos desembolsos son llamativos, pero se antoja sorprendente que se necesite una mesa de juntas para completar el estudio del mapa escolar de la ciudad.

Esta es una de las escasas denuncias del asesor del PP, Luis Salom, que han tenido recorrido judicial. De hecho, fue la acusación popular del PP, que ejerce el letrado Jorge Carbó, la que impulsó las pesquisas al solicitar en el juzgado que la Universitat enviara el extracto de la cuenta bancaria donde el docente cargaba los gastos. Fue entonces cuando se descubrió el supuesto fraude.

Existen numerosas dudas acerca de este convenio de casi 100.000 euros que el Consistorio encargó a la Universitat de Valencia. Por ejemplo, el importe, el responsable del trabajo y el objetivo del encargo: un mapa escolar. Además, el convenio tenía una mayor dotación económica, pero el Interventor General obligó a reducirlo un 20%. La memoria señalaba que al director del estudio, el miembro de la formación morada, se le dan cada año 7.500 euros, un porcentaje muy elevado del total. El Interventor también censuró en su día que no se acreditaran las razones para no someter esta contratación a una convocatoria pública.

La fiscalía, al parecer, no alberga dudas acerca de que el procedimiento penal debe continuar. De hecho, en un escrito ya pidió la incoación del procedimiento abreviado, una resolución que equivale al procesamiento, por los delitos de malversación y prevaricación. En principio, se refería a los dos investigados. La institución académica sigue muy de cerca el avance de esta investigación por si tuviera que adoptar medidas con su trabajador. El Ayuntamiento, por el momento, no ha iniciado un procedimiento de reintegro para reclamar las cantidades defraudadas, según indicó la edil de Educación y que ahora han trasladado ahora al juzgado.