La Intervención cuestiona medio millón de euros en contratos de Fuset

El informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Valencia supone una radiografía administrativa a casi dos años de gestión del concejal Pere Fuset. El dosier del órgano auditor revela toda una serie de irregularidades que ahora el fiscal examina para ver si son suficientes para continuar con el procedimiento penal. Fuset se encuentra investigado desde hace meses en la causa que se sigue en Instrucción 2 tras la denuncia que formuló el asesor del PP Luis Salom.

La jueza encargó en su día sendos informes a la Udef y también a la Intervención. El análisis de este último organismo abona la tesis de un fraccionamiento de contratos en eventos como las Cabalgatas de Reyes, así como varias ediciones de Expojove y de la Feria de Julio. Al margen de esos expedientes, la Intervención también detectó irregularidades de fraccionamiento en otros contratos que no se fiscalizaron y que no formaban parte de la denuncia inicial del PP.

Además, los investigadores han encontrado varios servicios que fueron adjudicados por contrato menor que, en realidad, excedían el límite de este procedimiento. En estos supuestos, el máximo son 18.000 euros más IVA. Los expertos ponen el foco en otras empresas distintas a las que figuraban en la documentación aportada en su día por Salom. Se trata de actuaciones relacionadas con la Fira Valencia (2016), la Cabalgata de Reyes y las carrozas de La Batalla de Flores. Así, el organismo concluiría que se adjudicaron por medio de contratos menores más de medio millón de euros. Sin embargo, según el objeto de estos contratos -que serían de una misma unidad funcional y por tanto no se podría fraccionar- o por su importe -rebasaría el máximo legal- deberían haber sido contratados por un sistema diferente. Por ejemplo, sacándolo a concurso.

El fraccionamiento de contratos, no obstante, no es en sí mismo un delito. Se trata de una práctica en la Administración que consiste en dividir la adjudicación de un mismo servicio en varios contratos para evitar que el importe supere el límite de los contratos menores y el encargo deba salir a concurso. Los contratos menores de servicios no pueden superar los 18.000 euros, IVA aparte. Para que esta actuación administrativa -irregular, sin duda- adquiera el carácter delictivo tiene que existir un plus en la actuación del funcionario o dirigente político. Y eso es precisamente lo que debe dilucidar el fiscal.

Entre los propietarios de estas empresas, la Udef sí ha encontrado alguna circunstancia extraña. Por ejemplo, una misma persona era administrador de dos empresas que recibieron diferentes adjudicaciones dentro de un mismo expediente. Los policías destacan esa coincidencia. Respecto a los propietarios de las primeras mercantiles, beneficiarias del fraccionamiento, la policía no encontró vinculaciones con Compromís. Esta circunstancia favorece la defensa de Pere Fuset.