Intervención detecta irregularidades en todas las ayudas del Distrito Digital

Se aprobaron al margen de la normativa, se repartieron con numerosas objeciones y acabaron cuestionadas por Intervención y Sindicatura de Comptes. La política de incentivos que la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV), la empresa pública de la Generalitat para gestionar los grandes eventos y el Distrito Digital de Alicante, puso en marcha el pasado ejercicio vuelve a estar en la picota. El informe que la Intervención ha elaborado sobre la auditoría de funcionamiento de la entidad pone de nuevo negro sobre blanco el descontrol en el plan de atracción de empresas que la entidad dirigida por Antonio Rodes ideó para el proyecto.

En concreto, de la muestra de concesión de incentivos que se ha analizado del ejercicio 2019, el 100% de las ayudas analizadas se concedieron de manera inapropiada. Según el informe de cumplimiento al que ayer dio luz verde el consejo de administración de la mercantil, en los tres casos analizados por Intervención se había producido un exceso del incentivo concedido, en relación con los costes, por un importe conjunto de más de 25.681 euros. El órgano fiscalizador ha estudiado sólo un 10% de las ayudas concedidas, que según detalla, en el pasado ejercicio ascendieron a 31, pero toda la muestra presentaba deficiencias, por lo que Intervención recomienda a SPTCV que revise la totalidad de las concesiones realizadas.

En concreto, las ayudas, en forma de incentivos, estaban formadas por donaciones modales para que las empresas interesadas en instalarse en el Distrito Digital recibieran hasta 40.000 euros si cumplían requisitos mínimos de facturación, plantilla o permanencia. Sin embargo, con su ejecución ya se han vislumbrado los primeros errores tras haber sido fiscalizadas.

En concreto, en la primera de las empresas que recibió la ayuda de 30.000 euros, en la convocatoria existía el compromiso de tener un mínimo de 200.000 euros al año en ingresos o haber tenido inversiones en fondos de capital por valor de 300.000 euros. Sin embargo, la compañía sólo pudo justificar una facturación de 62.000 euros, lejos de los 200.000 exigidos. Además, respecto al compromiso de contratar a al menos dos trabajadores, la firma contrató a un empleado a tiempo parcial y echó mano de otro que había finalizado su contrato el día antes de que la empresa aceptara el incentivo. Es decir, a pesar de que tenía que contratar a dos empleados para tener los 30.000 euros de incentivo, el mismo día de la firma un trabajador dejó de prestar servicios a la firma para volver a ser contratado «de cara a justificar una de las nuevas contrataciones» a las que se había comprometido para recibir el incentivo público.

En otra de las muestras examinadas por la Intervención, la contratación también es curiosa. Los auditores de la Generalitat han detectado que dos personas eran trabajadores de dos de las empresas que percibieron la ayuda, pero lo eran a tiempo parcial. Es decir, en una de las empresas trabajaban de ocho a diez o de ocho a doce, y en otra de diez a doce o de doce a dos, para cobrar los incentivos en las dos empresas. Aunque Intervención reconoce que no está especificado que eso no esté permitido, sí afea la conducta en la distribución de los fondos públicos. De hecho, sólo las tres compañías examinadas, recibieron incentivos por un valor 25.681 euros superior a los costes que les supuso estar en el Distrito Digital.