Intervención detecta pagos irregulares en dietas en el Aeropuerto de Castellón

La Intervención de la Generalitat, el organismo encargado de fiscalizar las cuentas públicas de la Administración, ha hecho una enmienda a la totalidad en la gestión de la empresa pública que gestiona el Aeropuerto de Castellón. Aerocas, la mercantil desde la que se dirige el aeródromo presentó irregularidades en la política de contratación y la de personal, según evidencia el auditor respecto a las cuentas de 2019, el último ejercicio inspeccionado. En concreto, la política de personal recibe una valoración desfavorable, el apercibimiento más severo de la Intervención, porque según explican los auditores, la gestión económico financiera llevada a cabo por el anterior gestor «no se ajusta a la normativa aplicable».

La empresa del Aeropuerto de Castellón, gestionada ahora directamente por la Generalitat, no dispone de masa salarial autorizada, ni relación de puestos de trabajo publicada. Además, suscribió un seguro de responsabilidad civil que supuso un incremento de masa salarial no aprobado por presupuestos. Pero lo más grave llega con los cobros de dietas y gastos de alojamiento de los consejeros. Intervención detectó el pago de cuantías superiores a las fijadas legalmente para los empleados públicos sin que exista previa justificación expresa del motivo para su pago.

Pero, los reparos no acaban ahí El interventor pone la lupa sobre la subrogación del personal de la empresa Edeis, anterior concesionaria del aeropuerto, y recuerda que el proceso no se ajusta a la ley, ya que algunos trabajadores quedaron fuera y otros no se subrogaron en las mismas condiciones que el resto del acuerdo. Por tanto, Aerocas ha incumplido un acuerdo del Consell.

La política de contratación se queda corta. La Intervención también emite una opinión desfavorable sobre este área y advierte de que en la totalidad de la muestra analizada hay anomalías. Aerocas confunde la orden de inicio con la resolución de la aprobación de los expedientes, o no determina la naturaleza de las necesidades de la compra o servicio. Además, pese a que en los pliegos no se contemplaban mejoras como criterio de adjudicación, sí se valora acciones que no eran objeto del contrato. Los costes tampoco aparecen detallados, ni se publican licitaciones en la plataforma de contratación. Por no hablar de que se modifican expedientes que no se pueden cambiar o no se aprueban pliegos en expedientes tramitados por el procedimiento de negociación.

Los contratos menores también se llevan un tirón de orejas. Dice la Intervención que en algunos casos la empresa ha definido el valor estimado del contrato menor en función de los umbrales de contratación. Es decir, lo ha adaptado al límite del menor, fijado en 15.000 euros para servicios y 40.000 euros para obras. En otros contratos, incluso el adjudicatario; es decir, la empresa, ha participado en la motivación de la necesidad del mismo, entre otras irregularidades.

El desastre en la empresa pública –que cambió de gestor en verano de 2020– llega hasta límites en que la Intervención advierte de que ni siquiera los datos bancarios suministrados a tesorería coinciden con las publicadas en GVA Oberta o con las que tiene la entidad.