Intervención enmienda a la totalidad la gestión de la empresa de bomberos

El Consell dio luz verde en 2018 a la creación de una empresa pública de bomberos para encargarse de la extinción de incendios, con la que el Ejecutivo trató de poner punto y final a un conflicto laboral con casi un millar de brigadistas. Para ello, constituyó la Sociedad de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE), una mercantil que acabó asumiendo a toda la plantilla que hasta ese momento trabajaba en la extinción de incendios a través de la empresa pública Tragsa y creyó haber puesto fin al conflicto. Sin embargo, tres años después, lo que en su día se creó para poner fin a un problema laboral no sólo no parece haberlo solucionado, sino que sigue manteniendo las tensiones por las que se creó y se lleva, año a año, un correctivo de los entes fiscalizadores.

La Intervención de la Generalitat ha hecho este año un duro informe sobre la auditoría de la empresa pública, en el que enmienda a la totalidad la gestión llevada a cabo por la actual gerencia, en el ente dependiente de la Conselleria de Justicia e Interior. La entidad tiene valoración desfavorable (la advertencia más seria de las que hace el ente fiscalizador) en la gestión de su personal y de su contratación. En concreto, afea a SGISE que no realizara un proceso de selección público para las contrataciones del director y directora de comunicaciones, así como del director ejecutivo, que no cumplen con los principios de acceso al empleo público. Tampoco la contratación del puesto de jefe de servicio operativo, que se produjo directamente mediante designación del presidente de la entidad, el secretario autonómico de Emergencias. La contratación de este puesto «carece de la indicación de los aspectos apreciados que acreditan la idoneidad» de la persona designada para el puesto, alerta Intervención.

Además, se han realizado contrataciones temporales sin haberse obtenido autorización previa de presupuestos, y la entidad no ha obtenido ni la autorización ni los informes favorables de Hacienda necesarios para estipular la masa salarial ni la relación de puestos de trabajo, lo que deja a la entidad en una situación de incumplimiento con los trabajadores.

Respecto a la política de contratación, según el informe de los interventores, no figura publicación alguna en la Plataforma de contratación sobre los contratos menores que suscribe la entidad, ni consta que SGISE haya comunicado ni uno solo de sus contratos al registro de la Generalitat. Tampoco de los acuerdos excluidos ni en el portal de transparencia del Consell ni en la Plataforma de contratación. Un apagón informativo sobre el que los auditores ponen la lupa.

Pero, sin duda, uno de los aspectos más graves llega con los contratos menores. El 56% de la muestra analizada por los interventores «tiene riesgo de fraccionamiento». La suma de contrataciones menores encadenadas y el abono de facturas sin expedientes «supera los umbrales permitidos por la ley tanto en importe como en tiempo de duración». Así, existe un elevado volumen de facturas que se han tramitado sin soporte ni expediente de contratación previa o aprobación previa del gasto. El detalle llega hasta el punto de que el informe incluso pone la lupa sobre la compra de mascarillas por emergencia durante la pandemia porque «no consta justificado que fuera preciso tan elevado volumen de las mismas para le personal, ni hay conformidad en el pago de las facturas» de algunos de esos contratos.

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