Intervención del Estado investiga los contratos de directivos en Divalterra

La Intervención General del Estado (IGAE) prepara un informe sobre las irregulares contrataciones de altos directivos en Divalterra, actuación que investiga el juzgado de Instrucción 18 de Valencia. El trabajo de la Intervención, el órgano de control interno de la Administración central, consistirá en cuantificar las cantidades percibidas por los directivos bajo sospecha, así como el papel que desarrollaban en la empresa y la necesidad de su incorporación, por citar algunos aspectos que se analizarán en el dossier.

El encargo de esta pericial forma parte de las pesquisas que siguen bajo secreto en el juzgado pese a que las defensas ya han solicitado el fin de esta medida excepcional. Los investigados, entre los que se encuentra el expresidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, quieren conocer todos los detalles de la acusación. Además, el futuro político del alcalde de Ontinyent, que se quiere presentar a las primarias, dependerá en buena medida de lo escandaloso que resulte el contenido de ese sumario, según el acuerdo alcanzado con Ferraz.

Nada más se levante el secreto, el PP también se sumará a la acción penal ya que ha sido aceptada su personación. Existe cierto temor entre los acusados al análisis de sus dispositivos electrónicos y al escrutinio de sus correos. Los investigadores confían en que este material pueda demostrar cómo se despreció la legalidad para contratar a los supuestos directivos. Las conclusiones de este trabajo pueden ser uno de los puntales de Anticorrupción en el caso de llegar a juicio oral.

Pero probablemente también lo será el informe de la Intervención. Además, la encargada es la misma profesional que durante meses estuvo destinada en las oficinas de Divalterra mientras preparaba otro informe sobre los conocidos como zombies, aquellos empleados que cobraban un sueldo pero no necesariamente desempeñaban una función en la antigua Imelsa, sociedad pública que cambió de nombre a Divalterra para desterrar el estigma de la corrupción. Se da la circunstancia de que la interventora coincidió con algunos de los directivos contratados y comprobó en primera persona cómo el trabajo que desarrollaban no era el de un empleado con un sueldo de 60.000 euros al año.

El PSPV trató desde el primer momento de limitar daños en la conocida como operación Alquería. No sólo fue detenido Jorge Rodríguez sino también su grupo más estrecho de colaboradores. La investigación, además, salpicó a Compromís con el arresto de Agustina Brines, la cogerente de la entidad. Era el primer asunto de corrupción que afectaba de forma tan directa a la formación nacionalista.

Los socialistas se esforzaron en marcar distancias con otros casos de la etapa del PP. Y es cierto que existen diferencias. Pero tampoco se puede olvidar que la malversación es el elemento nuclear de este tipo de tramas. Y en esta está presente con ese clientelismo político, el enchufe de amigos en la empresa pública.

Los afectados siempre han sostenido que la contratación de los directivos con informes en contra podría ser, en el peor de los casos, un asunto administrativo. Nada más lejos de la realidad. Anticorrupción encauzó el asunto por la vía penal desde el inicio, nada más recibir una denuncia de un extrabajador. Luego se sumó Ciudadanos. Todos los contratados tienen afinidades ideológicas con los partidos del Botánic. Divalterra ha sufrido un alto coste por el 'capricho' de cada una de las contrataciones. Alrededor de 1,8 millones entre todos los directivos y los años.