Intervención y la Udef certifican el fraude de los directivos en Divalterra

El fin del secreto de sumario del caso Alquería expone la creación de una serie de «artificios» para dar cobertura legal a unas contrataciones de altos directivos en la empresa pública que únicamente tratan de favorecer «a personas relacionadas con el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez».

Este resumen elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) evidencia que el cortijo en el que se convirtió la heredera de Imelsa -germen del mayor caso de corrupción en la Comunitat- seguía siendo un chiringuito, pero ahora en manos del PSPV y Compromís.

El escrutinio de los correos electrónicos de los investigados muestra que eran plenamente conscientes de la ilegalidad en la que estaban incurriendo al fichar a siete responsables . No fue un descuido, una discrepancia administrativa. Lo que detallan los especialistas de la Policía Nacional es un «fraude de ley», un plan preconcebido para 'colocar' a personas afines a la ideología de los gobernantes, tal y como informó LAS PROVINCIAS.

La Intervención, en un informe que se antoja determinante para el devenir de la causa, detecta una ristra de irregularidades. El informe recoge cómo se obvió el Estatuto Básico del Empleado y una Disposición Adicional de los Presupuestos Generales que en 2015 impedía la contratación de más personal en las empresas públicas salvo supuestos muy excepcionales.

Pero, además, incluso ataca los propios estatutos de Divalterra, ya que el Consejo de Administración desconocía esas incorporaciones. Entre las ilegalidades impulsadas por los investigados, destaca, según los informes, la creación del consejo de dirección. Se trata de un órgano en el que no figura ningún representante de la oposición y que no está contemplado en los estatutos de Divalterra. Sólo asistían los consejeros de PSOE y Compromís y los gerentes. Desde allí se ejercen «funciones de dirección», alerta el órgano auditor. Anticorrupción, en su denuncia inicial tras citar en la sede de la Fiscalía a varios testigos, lo define como «estructura de gobierno paralela».

Los expertos del Estado recuerdan que los informes externos que se emitieron a petición de la empresa pública certifican que no se dan los requisitos de las relaciones laborales de Alta Dirección. Pero estos dosieres se obviaron de manera intencionada. Los inspectores continúan enumerando toda una serie de graves deficiencias. Por un lado, resulta sorprendente que no existe ningún informe previo que motive la necesidad de estas contrataciones. De igual modo, añade que ninguno de los altos cargos que finalmente contrata Divalterra realizaron labores propiamente directivas.

Otra de las argucias legales se obtiene con la clasificación que le otorga la propia Diputación de Valencia. Divalterra queda encuadrada en el grupo 1, al mismo nivel que el Puerto de Valencia, Aena o Correos. Este era el soporte legal que le permitía disponer de una decena de directivos y además elevar su sueldo hasta los 45.000 euros. Las puntuaciones que otorga la Corporación provincial no parecen plenamente justificadas, según la investigación. De hecho, Divalterra debía estar en un nivel inferior.

Por último, la Intervención censura a la empresa que pese a la disminución presupuestaria y de actividad -la crisis económica está todavía reciente- impulsaran las contrataciones ahora cuestionadas. Es decir, la mercantil no tenía una necesidad real de aumentar su plantilla. Y pese a lo anterior no le importó desembolsar cerca de 1,1 millones de euros de fondos públicos. Este es el coste para la empresa pública, según la Intervención. En los informes iniciales de la Policía se hablaba de dos millones de euros.

No sólo es la creación artificial de plazas sino que a estos puestos no pueden concurrir otros aspirantes. Están hechos a dedo para los afines al presidente. De tal forma que es una contratación «directa y partidista» y se evita la libre concurrencia.

La Udef desgrana el «clima de presión» que se ejerció sobre técnicos jurídicos y presupuestarios para que emitieran informes favorables a la contratación. Y atribuye un papel capital al presidente Rodríguez. Por un lado con el nombramiento de Jorge Cuerda, persona de la máxima confianza del líder socialista y al que colocan básicamente para que controle la sociedad, según los informes policiales.

Pero, además, la policía le atribuye la orden directa de otros dos nombramientos, el de Víctor Jiménez, como responsable de Planificación Estratégica y Vicente Ferrando, como responsable de Regeneración de Zonas Verdes.

Anticorrupción define el proceso como una operativa de «voluntarismo político para favorecer a los miembros del partido dominante en la Diputación». Los acontecimientos y la instrucción revelan además que dentro de la empresa había una clara lucha política, el famoso mestizaje (PSPV y Compromís) no estaba a salvo de disputas y equilibrios de poder. Así, en uno de los informes de la policía indican la creación de unas áreas directivas en función «de equilibrios políticos-partidistas y no de líneas estratégicas, de proyectos de empresa».

En algún correo incluso se admite abiertamente que se desconocen las funciones de estas nuevas jefaturas. «Nadie me ha dicho qué hace esa área y además, en la propia página web se dice así con las funciones que he puesto». La contratación de los directivos parece responder a un «clientelismo político» y no a la idea de un modelo de empresa, un intento de hacer la mercantil más productiva.

Pese a todo lo anterior, Jorge Rodríguez, todavía defiende su inocencia. A través de un comunicado que encabezaba con el logotipo del PSPV -está suspendido de militancia-, el exdirigente socialista anunció su intención de acudir al juzgado a declarar. Tras su detención se acogió a su derecho a no guardar silencio pese a que aseguró que no existía ninguna ilegalidad. Ahora ha cambiado de criterio y quiere relatar al juez su versión. Insiste, una vez más, en que este asunto debe resolverse en el ámbito administrativo. Anticorrupción y la Udef no piensan lo mismo.