El interventor de la Diputación de Valencia ha propuesto a la corporación provincial que inicie un procedimiento de reintegro de una subvención de 64.000 euros concedida en 2019 al Centre de Recursos Just Ramirez, también conocido como Ca Revolta. En su escrito, el interventor cuestiona la justificación de la ayuda concedida a esta entidad y, por ese motivo, exige a la institución que preside Toni Gaspar que ponga en marcha una iniciativa para recuperar esos fondos.
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La ayuda concedida a Ca Revolta ascendió a 64.538 euros, y se enmarcaba en la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a actividades culturales de 2019. Se aprobó en septiembre de 2019, aunque el decreto para pagarla es del 31 de diciembre de ese mismo año.
Pero el informe de control financiero de las subvenciones correspondientes a ese ejercicio no lo ve claro. El Interventor no sólo constata que en el expediente no constan los justificantes referentes a que el beneficiario de la subvención se encuentre al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria. El contenido de la justificación, añade, no se ajusta a lo previsto en la convocatoria, no se acredita el pago material de los justificantes de gasto y se justifican otros «expresamente señalados como no subvencionables». Tampoco consta que el beneficiario haya admitido que su proyecto ha recibido otras subvenciones públicas.
El interventor señala en su informe que la documentación presentada por Ca Revolta incumple lo previsto en el artículo 30.4 de la ley general de subvenciones. De hecho, especifica que los justificantes de las subvenciones recibidas no se corresponden con la realizada desde la corporación provincial. Por ese motivo, procede «instar al centro gestor (en este caso, la propia Diputación) a que inicie el expediente de reintegro parcial de la subvención!.
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