Intervención radiografía al sector público: envejecido y sin pasar oposición

Pero, ¿cuál es el perfil de esas más de 16.000 personas que trabajan en las empresas y fundaciones de la Generalitat? El principal rasgo es la temporalidad de las plantillas. Hasta un 88% del personal es laboral, de los que más de un 53% son temporales y el otro 35% son indefinidos o fijos. Sólo un 4% son funcionarios, mientras que un 1% son interinos, y el resto de otra categoría y directivos. Ese resto de grupos tiene un carácter minoritario porque fuera de los organismos autónomos y del personal estatutario de los consorcios hospitalarios el personal que ha pasado un concurso oposición para obtener el puesto de trabajo es «residual», según concluye la Intervención. El porcentaje de temporales se dispara por encima del 65% en los consorcios y fundaciones, con el triple de laborales no fijos que fijos, y alcanza casi el 60% en el caso de las entidades de derecho público, como Ferrocarrils, el IVAJ, el IVF o el IVAM. El número de empleados temporales es más del doble que los fijos. En organismos autónomos, como Labora o el IVAJ, hay casi un 40% de laborales temporales.

Entrando al detalle, la entidad que se lleva el primer puesto en temporalidad es la Sociedad Anónima de Medio de Comunicación, la empresa que gestiona À Punt. A falta de convocar sus oposiciones, el 99,1% de su plantilla (580 de 585 empleados) está en situación de interinidad. Una cifra cercana al 98,4% de no fijos que tiene el Instituto de Investigación La Fe (450 de 457 trabajadores) o la otra empresa de la radiotelevisión, la corporación, con un 90,9% de temporales. Fisabio, el Incliva, el Ivass o el consorcio Espacial están todas por el 75% de temporales. La inmensa mayoría de la plantilla.

La percepción salarial media en el sector público se situó en 2019 en los 33.800 euros, en una horquilla que oscila entre los 39.326 de los consorcios y los 29.387 euros de las fundaciones. La edad media de los perceptores del sector público supera los 48,8 años, con medias variables de casi 53 años en los organismos autónomos y los casi 44 de los empleados de las fundaciones.

Pero, la edad de los empleados del sector público también ha comenzado a su poner un problema de viabilidad. En algunas empresas públicas como los consorcios hospitalarios, el porcentaje de trabajadores que supera los 60 años presenta un preocupante 30%, y está por encima del 10% en entidades públicas empresariales, fundaciones y sociedades mercantiles. Por entidades, se observa especialmente el problema en el personal sanitario, que en el caso del Hospital General de Valencia alcanza casi el 40%, con 307 de 782 empleados por encima de los 60 años. Pero, en la Sociedad Proyectos Temáticos, mercantil que se encarga del Distrito Digital, la tasa de sexagenarios es mayor del 25% de la plantilla (tres de doce), y en el IVAJ, el instituto que se encarga de velar por las políticas para los más jóvenes, casi un 23% de la plantilla está cercana a la jubilación.

Para la Intervención, el sector público debería contar con herramientas informáticas que permitan llevar registros de personal unificados en todas las entidades, de manera que se facilite el control y seguimiento de las magnitudes más importantes: salario medio, número de puestos ocupados en cada momento, tipología personal, precariedad o edad media entre otros. Además, deberían establecerse programas adecuados para tratar de ajustar la temporalidad a las estrictas necesidades, vigilando el cumplimiento de las tasas de reposición y evitando la concatenación de contratos temporales que puedan conducir a la adquisición de la condición de fijos. Y, sobre todo, Intervención recomienda la elaboración de planes de renovación del personal de modo que las previsibles jubilaciones que deben afrontarse en los próximos ejercicios puedan hacerse de manera «rápida y efectiva».