El interventor de la Diputación: «Imelsa tenía 23 millones de presupuesto y 20 eran de gastos de personal»

Ricardo Camarena fue el interventor general de la Diputación de Valencia desde enero de 2010 a mediados de 2015, justo cuando estalla el escándalo del caso Imelsa. El profesional declaró recientemente como testigo en la pieza principal de la macrocausa de corrupción. Previamente había estado en la Conselleria de Educación, donde Máximo Caturla, imputado en la pieza denominada Ciegsa, fue secretario autonómico.

Camarena explicó que cuando desembarca en la Corporación no había ningún tipo de control financiero sobre la entidad Imelsa. Es él el que a su llegada realiza los informes de los ejercicios anteriores. Posteriormente, elabora las auditorías de legalidad. Recuerda el interventor que en ese momento la administración estaba colapsada de papel y fue necesario establecer una serie de prioridades, como evitar que prescribieran expedientes con Ayuntamientos «y eso eran cerca de 60 o 70 millones de euros» que, de otra forma, no se hubieran cobrado. Y por todo esto se retrasó el control financiero, sostuvo ante el juez. «A veces lo urgente quita lo importante», se justificó. La situación de Imelsa tampoco permitía demasiada relajación. «De un presupuesto de 23 millones, 20 eran gastos de personal».

El testigo indicó que se reunió con el director financiero para ordenarle que a partir de ese momento las facturas debían llevar la firma del gerente, Marcos Benavent, y del responsable de ese contrato. No quería que no hubiera un encargado de cada uno de los servicios que impulsaba Imelsa. Camarena explicó que se reunía con el presidente Alfonso Rus una vez a la semana y que cuando le informó de los nuevos controles no le puso ningún impedimento.