El perito de la Generalitat siembra el desconcierto en los 'zombis': «Si llego a saber que tengo que venir, no hago el informe»

Décimo tercera sesión del juicio de los 'zombis'. El proceso avanza a velocidad de crucero. Máximo Caturla no se encuentra presente este miércoles en la sala. El tribunal le ha concedido la licencia de no acudir después de que aportara nóminas de la empresa en la que trabaja. No es la única novedad. Las partes han renunciado a algunos testigos, como el exjurídico de Divalterra, José Luis Vera.

La vista ha arrancado con la testifical de la interventora del Estado que efectuó un informe sobre la contratación en Imelsa, de 2007 a 2014. Se centró, lógicamente, en los asesores. El trabajo se hizo desde la propia sede de Imelsa. «No se cumplieron los criterios de acceso a un puesto en una empresa pública», ha certificado. Tampoco se respetaron las disposiciones establecidas en 2008 por la crisis económica que limitaban la contratación de personal. «No hubo una Relación de Puestos de Trabajo hasta 2015». Se trata de una cuestión crucial porque ahí se recogen las necesidades que se pueden argumentar a la hora de contratar a más personal, según ha indicado.

Del mismo modo, ha considerado «ilegal» la cesión de trabajadores de Imelsa a la Diputación de Valencia. Una situación que incide a la hora de comprobar la efectividad y eficiencia de una empresa pública. No obstante, el tribunal ha interrumpido el interrogatorio porque esta cuestión no forma parte del escrito de acusación.

La interventora ha indicado que ya había asesores antes del periodo analizado. En la Administración General del Estado no se puede contratar asesores en los consejos de administración, precisamente lo que ocurría en Imelsa. «No había evaluaciones ni a los altos directivos ni a los trabajadores de Imelsa». Pero tampoco hay justificación en las productividades que se asignan a los tres directivos acusados: el gerente, el director financiero, y la responsable de Recursos Humanos. 

De igual modo, no había una justificación de las dietas cuando sí existe una normativa interna sobre cómo hacerlo de manera correcta. Respecto a la productividad ha destacado que uno de los criterios para pagarla era que fueran a trabajar, «algo que llama poderosamente la atención».

No encontraron «evidencias documentales» del trabajo de los asesores, ni de los que están acusados ni del resto, ha subrayado la interventora. Se incumplió, de hecho, la ley que impedía tener asesores en las empresas públicas.

El siguiente testigo ha sido el ingeniero que hizo una pericial sobre los consumos de la supuesta sede de Hernán Cortés. «No sabía que había allí un despacho, sólo aparcábamos el coche en el garaje». La conclusión a la que llegaron es que no había mucha actividad, según ha contestado a preguntas del fiscal.

Pero su declaración, en realidad, ha sido un poco caótica. No tenía el informe y tampoco recordaba apenas su contenido. Además, por un error, estuvo presente en la sala toda la mañana, antes de su declaración, algo que se encuentra prohibido. No fue capaz de concretar nada. «No sé por qué hice este informe. Si lo llego a saber que tengo que venir aquí, no lo hago».

El magistrado le ha reprendido: «No entiendo nada. No banalice usted esto». No se quedaron ahí las sorpresas. La comparación de los consumos de la sede de Hernán Cortés se hizo con un piso de 90 metros cuadrados. ¿Qué medida utilizó?, ha preguntado el letrado de la Generalitat. «Las de mi piso», dijo el especialista.

La pericial del supuesto especialista prácticamente carece de valor para el tribunal. De hecho, ha reconocido que nadie le dijo que se trataba de un informe de esta naturaleza sino más bien de una opinión sobre lo que a él le parecía el consumo de ese piso.

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