La interventora, sobre la que fue su alcaldesa en el Puig: «Me dijo que mi problema era que hacía muy bien mi trabajo»

Su defensa reclamó que declarara en último lugar, pero el tribunal lo rechazó al no justificar el letrado la supuesta indefensión. Así, Luisa Salvador ha sido la primera en ser interrogada en el juicio celebrado en la sección Quinta. Fue alcaldesa desde 2015 al 2023. Compartió los primeros cuatro años de gobierno con la citada interventora. «Mi relación era buena», comenzó.

La exedil ha admitido que adelantó a la interventora que seguiría en la comisión de servicio. Pero, al cabo de unos días, esta presentó un informe del control de horarios. En el departamento de personal había dos personas que debían unos 4.000 y 400 euros respectivamente por haber trabajado menos horas de las exigidas, según el estudio de la especialista. Los responsables alegaron. A uno se le rectificó, en concreto, el de los 400 euros. Pero se mantuvo la conclusión para el de mayor deuda, el que correspondía al jefe de Personal. «Dijo que estaba fuera de plazo», señaló la acusada respecto a la negativa de la interventora a revisar sus cálculos.

Finalmente esto se llevó al Pleno. «La persona estaba indefensa, había estado de baja», explicó la exedil respecto a la situación del otro responsable del Consistorio. No recordó con detalle qué sucedió en aquel Pleno. Sí admitió, no obstante, que la interventora pidió más datos al departamento de Personal, pero nadie le contestó porque el destinatario del correo estaba de baja.

Al día siguiente, los concejales decidimos «que no continuara en la comisión de servicio». Pero existía ya un decreto previo donde se garantizaba su continuidad. «Me sentí defraudada con ella porque me exigió llevar al Pleno el informe y se podía haber hecho más tarde». Salvador llamó a la Dirección General, recordó, donde le dijeron que sí podía rectificar su decisión previa porque aún no estaba nombrada. Pero los supuestos motivos «no se recogieron por escrito» en el decreto de invalidación de la inicial asignación de la comisión de servicio.

Salvador, a preguntas de su defensa, aclaró que ella es administrativa y que no participaba en la redacción de los decretos. «Los procedimientos los desconozco». La edil recordó que la interventora y la secretaria, en el momento en que se produce este conflicto, habían reclamado una subida salarial que no estaba suficientemente justificada.

La acusada precisó que el siguiente interventor explicó todas las alegaciones del informe anterior, el que cuestionaba las horas de trabajo, que había elaborado la interventora ahora cuestionado. También señaló que hubo un procedimiento penal contra el funcionario que supuestamente debía 4.000 euros y que se archivó. «No me he presentado a las últimas elecciones al estar imputada», terminó su declaración.

La interventora compareció a continuación. Su relato, como era previsible, resultó diferente a la versión de la alcaldesa. Subrayó el informe de control financiero que ponía en cuestión los pagos a determinados funcionarios. Nadie presentó alegaciones ni información justificativa. El día antes del Pleno, recordó, como «la alcaldesa y otra responsable me presionaron en mi despacho para que eliminara las conclusiones». El único documento que aportaban era un 'excel' sin firmar y me advirtieron: «Tienes que poner esto. Si no lo eliminas, diremos en el Pleno que te has negado y eso es falso», la amenazaron.

Al día siguiente, la alcaldesa le transmitió que estaba muy descontenta y que quería que fichara a partir de ahora. «Le pedí que eso fuera por escrito porque nosotros (en referencia a los interventores) estábamos exentos». Más tarde, la citó en la sala de Juntas para comunicarle que iba a revocar el decreto que había firmado. «Le advertí de que que aquello era ilegal sin motivación alguna». Incluso le llegó a decir: «Tu problema es que haces demasiado bien tu trabajo».

El siguiente testigo ha sido el responsable de la Dirección de Administración Local, el encargado de validar la comisión de servicio de la interventora, cuyo testimonio se antoja clave para el desenlace del juicio. El funcionario aseguró que resulta «perfectamente» revocable una comisión de servicio, aunque echaba de menos la motivación de la decisión. «Algo de fuste jurídico», ha concretado tres observar el decreto. El experto ha añadido que no existe unos elementos imprescindibles para efectuar el desestimiento. «Eso no está regulado». La declaración de este testigo puede inclinar la balanza hacia la absolución.