La investigación apunta al conflicto de intereses de la exdirectora del Instituto de las Mujeres

Esta empresa –más tarde vendió sus participaciones a su pareja– logró un facturación de 343.000 euros de una treintena de entidades. Todos estos ingresos, según un informe preliminar de los investigadores, procedían de Ayuntamientos de Valencia. No obstante, también había algún contrato con la Conselleria de Igualdad en la etapa de Mónica Oltra. Aparte disponían de otra mercantil, que también ofrecía servicios sobre cuestiones de igualdad y políticas inclusivas, que facturó unos 17.000 euros.

Los investigadores han apuntado que existen dudas sobre la procedencia de determinados ingresos y han solicitado a la jueza que les permita reclamar a las entidades bancarias información sobre estos pagos. De esta forma, indagarían acerca del origen y de los contratos. En total, se pretenden auditar otros 50.000 euros de ingresos.

No es la única diligencia que se aguarda con interés por parte de los investigadores. Los especialistas consideran importante conocer si Isabel García trasladó a la Oficina de Conflicto de Intereses su posición en la mercantil ahora bajo sospecha, tal y como le exigía la ley. En caso contrario, reclaman saber si el citado organismo, que depende de la Secretaría de Estado de la Función Pública, abrió un expediente acerca de esta circunstancia así como los motivos exactos, las fechas de las comunicaciones y las respuestas. García abandonó su responsabilidad en el Instituto cuando se publicaron las primeras informaciones sobre los contratos que había recibido su empresa. En la mayoría de esas piezas periodísticas se apuntaba que los consistorios estaban gobernados por partidos de izquierda.

La Guardia Civil ha reconstruido la vida laboral de García y su pareja, también investigada en este procedimiento y que ha trabajado como asesora gubernamental en algún periodo. Los agentes establecen 2015 como punto de partida de su carrera política. Fue diputada provincial en el primer gobierno del Botánico, época en la que se creó en la provincia de Valencia la red de municipios contra la violencia de género. Esta coincidencia quizá pudo aumentar la relación de la dirigente socialista con los citados municipios. De hecho, la Guardia Civil quiere profundizar en esta vertiente de las pesquisas. Y ha solicitado, con la autorización judicial, información a la Diputación para que se concrete qué papel tuvo García en la génesis y desarrollo de esa iniciativa, tal y como ha informado LAS PROVINCIAS.

La que fuera diputada, antes de su llegada al Instituto de las Mujeres, había sido contratada como asesora en el gabinete del Ministro de Fomento. En aquel momento el titular era José Luis Ábalos, hoy en el centro de la polémica tras el estallido del caso Koldo y la sospecha de que se benefició económicamente de determinados contratos de mascarillas en la fase más letal de la pandemia.

La investigación se encuentra todavía en una fase embrionaria. Los investigadores tratan de aclarar si parte o la totalidad de esa facturación se produjo por la posición política de García y si existen suficientes indicios delictivos. De hecho, la juez que comanda las diligencias todavía no ha citado a la pareja.