La investigación a Grau y Rubio, una macrocausa ya con 68 investigados

El asunto se ha convertido ya en una macrocausa con 68 investigados. No se descarta que el número pueda aumentar o decrecer una vez se levante el secreto de sumario –medida excepcional que lleva cinco años en vigor– y se conozcan los detalles de la investigación que ha comandado durante años la Unidad Central Operativa (UCO).

La cifra de imputados es hoy por hoy la más alta de cualquier caso de corrupción si tenemos en cuenta la división en piezas del resto de asuntos. Por ejemplo, en el caso Taula, existen algo más de 50 investigados. Pero en los otros casos, derivados de Imelsa, no llegan a la veintena. Lo mismo ocurre con el sumario de Erial, donde se investiga una supuesta fortuna en el extranjero del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana.

Pero, además, las pesquisas en el caso Azud amenazan con romper la imagen de ejemplaridad del partido socialista. Uno de los vértices apunta directamente a que el partido que dirige Ximo Puig pudo beneficiarse de algún modo de las actividades ilícitas de la trama de corrupción.

No estaríamos hablando de un delito de financiación ilegal –no existía en el periodo de investigación– sino posiblemente de un cohecho. En este sentido, destaca la implicación en la causa de José Luis Vera, el jefe jurídico de Divalterra y profesional con poderosos vínculos con el PSPV o, también, el supuesto de Pepe Cataluña, histórico de las finanzas del partido y persona de máxima confianza de todos los secretarios generales desde Joan Lerma.

Las indagaciones de la UCO sostienen que los dos responsables políticos, Grau y Rubio, cobraron jugosas comisiones por favorecer determinados planes urbanísticos del empresario. La causa, en este sentido, ha salpicado a una alta funcionaria del Ayuntamiento, Esmeralda Orero, toda una institución en el Consistorio valenciano donde llegó en 1984. Es la actual encargada de Responsabilidad Patrimonial,

Mientras la cifra del exvicealcalde del PP no ha trascendido, se apunta a que la de Rubio puede estar alrededor de los 300.000 euros. Se investiga, a su vez, si utilizó el conocido como método del pitufeo para camuflar estas cantidades con pequeños y periódicos ingresos en las cuentas.

La magnitud de la causa es evidente. No sólo por el número de investigados sino por el enorme volumen de documentación de este expediente judicial. Pese a estas circunstancias, la titular de Instrucción 13 de Valencia perdió hace unas semanas el refuerzo que tenía en el juzgado y que le permitía concentrarse en este asunto, no precisamente sencillo.

Pero la Sala de Gobierno no elevó la propuesta del órgano al Consejo General del Poder Judicial. Sostenía que la instructora no había argumentado la necesidad de ese personal extra. En breve, se abordará otra vez la cuestión porque la magistrada insistirá en la propuesta. La instructora entiende que decenas de tomos y 68 investigados bien merecen una ayuda extra.