La investigación a Serafín Castellano por la trama del fuego se eterniza en la Audiencia Nacional

Algunos casos de corrupción suelen ralentizarse cuando terminan en la Audiencia Nacional frente al ritmo que se presupone en los juzgados ordinarios. Esto es lo que parece que ha ocurrido en la investigación abierta contra Serafín Castellano, exconseller de Justicia y exdelegado del Gobierno en la Comunitat, en lo que se conoce como la trama del fuego. El exdirigente del PP está investigado por el amaño de los contratos de extinción de incendios a la empresa Avialsa. Como contrapartida, siempre según la investigación policial, el político asistió a jornadas de caza pagadas por el empresario y recibió regalos, como una escopeta, por ese trato de favor.

El asunto, que se instruyó originalmente en Sagunto, no tardó en despedazarse en numerosas piezas. Algunas de ellas, como el fraccionamiento de contratos a la empresa de su amigo Taroncher, fueron archivadas tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción al no hallar delito en estas prácticas administrativas. En la causa principal, además de Castellano, figura como investigado el ex director general de Interior Pedro Hidalgo, así como ex altos cargos de la Generalitat valenciana y de la catalana y numerosos empresarios. Al tratarse de unas prácticas que supuestamente tuvieron lugar en toda España e incluso en países del extranjero –las empresas pactaban precios y se repartían el mercado– la competencia era de la Audiencia Nacional. Se investiga un fraude de más de cien millones de euros, según la última resolución judicial.

Fue en junio de 2017 cuando el asunto se derivó a la Audiencia Nacional. Castellano había pedido antes que su caso se estudiara aparte. Pero el juez lo rechazó. Desde entonces, la causa apenas ha avanzado, tal y como confirman abogados consultados por LAS PROVINCIAS. La instrucción, en realidad, no avanza al ritmo esperado. En su día, se cursaron varias comisiones rogatorias. Se ignora si han sido contestadas.

Fuentes de la Audiencia Nacional informaron de que el juzgado está a la espera de recibir un informe de la Intervención General sobre los contratos bajo sospecha. Otras fuentes ponen en duda que este procedimiento pueda cerrarse en los próximos meses. El juicio, en caso de llegar a la vista oral, sería para finales de 2022. Y esto con los plazos más optimistas. Una vez más la Justicia no está siendo diligente en una causa de especial complejidad, con decenas de investigados y empresas salpicadas.

Las diligencias abarcan numerosos hechos punibles, entre ellos, cohecho, malversación, negociación prohibida a funcionario público, prevaricación, blanqueo e incluso la posibilidad de una organización criminal. Existía abundante documentación que fue intervenida por parte de la Policía durante las entradas y registros, entre ellas las del propio domicilio del exdirigente popular, así como el material procedente de dispositivos informáticos.

Serafín Castellano pasó de ser el delegado del Gobierno a no tener trabajo. Su detención en mayo de 2015 precipitó su abandono de la política. Ejerce desde entonces como abogado en el despacho donde también lo hace su excompañera de partido, Asunción Quinzá. En su día, se apuntó también al turno de oficio. Castellano se ha mantenido en un segundo plano a la espera de las decisiones de la Justicia. La primera fue satisfactoria, con el archivo de las actuaciones por el fraccionamiento. Siempre ha defendido su inocencia, pero ha optado por un perfil bajo en medios de comunicación. Su entorno sí ha lamentado que le destrozaran la vida, así como las circunstancias de este caso, con el arresto de Castellano en su domicilio y en presencia de toda su familia. Tachan aquello de innecesario. Es uno de los grandes olvidados del PP cuando justo antes de su detención era el hombre fuerte de la organización en Valencia.