Un investigado declara que el PP de Valencia ordenó la transferencia de dinero a Carlos Fabra

Comprender el entramado de Carlos Fabra para esconder su patrimonio ante el pago de un millón de euros a Hacienda debería convalidar una asignatura en Empresariales. Uno de los capítulos más sorprendentes es la transferencia de fondos desde una cuenta del Partido Popular de Castellón a depósitos controlados por el expresidente de la Diputación. En uno de los casos fueron 14.000 euros a la cuenta del dirigente popular. Otros dos abonos, 58.000 euros en total, se dirigieron a la empresa Asdecas, donde Fabra era el administrador. En septiembre del pasado año se le preguntó al gerente del partido, que indicó que se trataba del pago de servicios de seguridad para el PP. La empresa no se dedica a estas labores.

Más intrigante resultó la respuesta del dirigente Miguel Carot, autorizado en la citada cuenta del PP. El cargo popular fue convocado por el juez el pasado mes de diciembre para tratar de aportar luz sobre la extraña operativa a favor de Fabra.

No aclaró ninguna de las cuestiones clave al margen de decir que la indicación de efectuar un pago a Fabra «fue ordenada por el Partido Popular de Valencia que de hecho transfirió previamente fondos al efecto». No consta que en las diligencias judiciales se realizaran averiguaciones para profundizar en esta revelación. Los traspasos de fondos se produjeron en abril y junio de 2012.

La investigación a Fabra ha permitido conocer que ya desde 2004, antes de ser condenado por fraude fiscal, el dirigente político comenzó a materializar un plan para despatrimonializarse. La idea contó con el apoyo activo de dos hijos del político y su yerno. Participaron en la creación y gestión de las mercantiles. Al final, consistía en tener todos los bienes hipotecados y con préstamos para evitar que Hacienda le bloqueara las propiedades. Tuvo cierto éxito.

Las pesquisas han apuntado, además, el intento de participar en un pelotazo urbanístico. A través de un testaferro impulsó la compra de unos terrenos en un PAI para el desarrollo del sector Mas de Lluna en la Vall d'Alba. Al parecer, según recoge el auto de procesamiento de Fabra y su familia, disponía de información privilegiada porque el alcalde del municipio, Francisco Martínez, fue vicepresidente de la Diputación con Fabra al frente de la Corporación provincial. «La finalidad era obtener una importante revalorización y venderlas al promotor urbanístico o reservarlas a nombre de las sociedades instrumentales para cuando los programas se ejecutaran», sostiene el juez.

De igual modo, las averiguaciones muestran el papel de conseguidor del que fuera presidente de la Diputación. Una de las imputaciones del instructor es que recibió decenas de sobornos de empresarios y amigos. A un industrial, le prometió que haría gestiones con la alcaldesa de l'Alcora para la instalación de una incineradora en el municipio. Unos días más tarde le contestó que no había conseguido nada con la edil. Le comunicó, además, que tenía problemas económicos y le pidió 100.000 euros. El empresario accedió, pero con un cheque por la mitad del importe.