Investigan un desfalco en la oficina comercial del Consell en Marruecos

La gestión de la sede comercial del Consell en Marruecos, bajo sospecha. La Conselleria de Economía ha denunciado que un alto directivo se ha beneficiado presuntamente de las cantidades que la Generalitat transfiere periódicamente a la delegación comercial para hacer frente a diferentes gastos tanto ordinarios como extraordinarios.

Las pesquisas se encuentran todavía en una fase embrionaria por lo que falta concretar el método real del desvío de dinero, así como la cantidad del fraude. Al parecer, el responsable sobre el que se asientan todas las sospechas, realizaba falsas justificaciones de gastos. Es decir, el Consell abonaba unas facturas que, en realidad, no se asentaban en servicios reales. En esta operativa también se analiza exhaustivamente la creación de una mercantil por parte de este alto directivo, una persona de máxima confianza en la organización. De hecho, llevaba más de 15 años al servicio del Consell. Ahora, se encuentra en paradero desconocido.

Pero no se investiga todo el periodo anterior sino que las sospechas o, mejor dicho los indicios, corresponderían a los últimos años de esta relación. Otro de los vértices de las pesquisas consiste en analizar el papel que ha tenido la empresa de este alto cargo y si se ha beneficiado de algún modo de las gestiones comerciales de la oficina del Consell.

Estas sedes comerciales nacieron del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), que llegó a disponer de más de una veintena de delegaciones repartidas por medio mundo. La anterior crisis económica (2008-2012) arruinó las iniciativas gubernamentales y se comenzaron a cerrar numerosas sedes en el extranjero. Tokio, Toronto, La Habana, Buenos Aires y Los Ángeles fueron las primeras en caer. De igual modo, en un ejercicio para ahorrar costes, se impulsó un plan para incluir parte del personal dependiente de la Generalitat en las delegaciones del ICEX, la organización del Estado que ya cumple con estas acciones comerciales.

La Generalitat, en estos momentos, sólo cuenta con la sede de Marruecos y otra en Moscú. Estas dependen del IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) que fue el que denunció los hechos. De inmediato acudieron a la Agencia Antifraude, organismo que dirige Joan Llinares. Los expertos de Antifraude no albergaron dudas de la apariencia delictiva de los hechos relatados por lo que se envió directamente el caso a la Fiscalía de Valencia.

El ministerio público ha abierto diligencias de investigación penal para aclarar los hechos. Dispone ahora de seis meses o un año, dependiendo del tipo de procedimiento que se haya abierto, para analizar el supuesto y recabar toda la información que considere. No obstante, no es necesario agotar este plazo. El asunto se puede judicializar en cualquier momento de este periodo.