Un invierno de alta tensión en la Justicia

Los próximos meses acogerán decisiones determinantes en dos sumarios que afectan directamente a la gestión del Botánico y que, en parte, ponen en cuestión aquel mensaje de la herencia reputacional del PP y el lastre que supuso para la imagen de la Comunitat.

El primer asunto afecta directamente al expresidente Ximo Puig, hoy embajador ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Se trata de las graves irregularidades detectadas en la concesión de ayudas para el fomento del valenciano a mercantiles de Francis Puig y sus socios, los Adell Bover. La causa se mantiene ahora en un compás de espera. No quedan diligencias pendientes y es el momento de que el juez decida si existen suficientes indicios para seguir con el procedimiento, es decir, llevar el asunto a juicio o, por el contrario, corresponde archivar el caso.

La Fiscalía Anticorrupción apuesta por sentar en el banquillo al hermano del que fuera presidente. Pero a través de una nueva estrategia, olvidada ya el fraude de subvenciones. La tesis que se impone es la de la falsedad (en algunas facturas que se aportan para justificar las subvenciones) y la estafa agravada. Anticorrupción mantiene que se han duplicado facturas, que se han justificado trabajos inexistentes y que hay albaranes que son directamente falsos.

Este es el paso más relevante de este caso, no exento de algunos contratiempos. Por ejemplo, la Audiencia anuló la prórroga de la instrucción por un error de notificación del juzgado. Y esto ha condicionado notablemente el desarrollo de las pesquisas al impedir continuar con diligencias que no estuvieran acordadas.

El otro sumario capital para la reputación del Botánico es el que afecta a la exvicepresidenta Mónica Oltra y su equipo de colaboradores en la conselleria de Igualdad. La investigación se abrió para aclarar si la dirigente de Compromís y su núcleo más cercano actuaron para silenciar o entorpecer, de algún modo, la denuncia por abusos sexuales contra su pareja por parte de una menor tutelada por la Generalitat. El educador, Luis Ramírez Icardi, ha sido condenado a cinco años de cárcel. Hoy sigue preso en Picassent.

El caso ha estado envuelto en la polémica. Por un lado, por los actores judiciales. El presidente de España 2000, José Luis Roberto, representa a la menor, mientras Vox y una organización vinculada a Cristina Seguí ejercen las acciones populares. Esta circunstancia ha permitido a Compromís elaborar un relato acerca de un supuesto lawfare. La investigación, no exenta de momentos críticos y personalmente muy duros para la exvicepresidenta, se cerró con un archivo por parte del juzgado. Sin embargo, la Audiencia ordenó la reapertura.

El tribunal mantiene que existe una posibilidad de que los hechos ocurrieran de la forma que sostienen las acusaciones. El juez se vio obligado a procesar a todos los investigados. Será en el juicio, en principio debería celebrarse este año, donde se solventen definitivamente las sospechas que surgieron ante una gestión administrativa deficitaria. Pero esas mismas dudas que manifestó la Audiencia serán las que conduzcan a la más que probable absolución de Oltra y el resto de acusados, según se desprende del auto de la Sala.

Estas dos causas se encuentran en una fase intermedia. Pero una de las investigaciones capitales de este año y de la reciente historia de la Comunitat será, sin duda, la de la gestión de la Dana. Un asunto que, hoy por hoy, todavía no tiene juzgado asignado. Numerosos órganos mantienen abiertas diligencias por las muertes registradas durante la tragedia -224 hasta la fecha– pero se ignora– cuál fue la primera. De hecho, existen ya cuestiones de competencia planteadas entre diferentes órganos.

La realidad es que todos prefieren no asumir un asunto como este que paralizará, sin duda, cualquier juzgado que lo reciba y durante un tiempo prolongado. Es necesario recordar, además, que ese será probablemente el destino de las querellas que el TSJ ha inadmitido contra el presidente Carlos Mazón y que, finalmente, terminarán auditando la actuación de los principales responsables políticos como la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas; el exsecretario autonómico, Emilio Argüeso, pero también la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y quizá otros dirigentes como Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, desaparecido mediáticamente desde que aconteció el suceso. Y todo con la especial dificultad de reconstruir todo lo que ocurrió en el Cecopi, la reunión clave que comenzó a las 17 horas del 29 de octubre y de la que no existe grabación, y donde las decisiones, a la vista del fatal desenlace, llegaron con evidente retraso.

Estas pesquisas marcarán el pulso de la actualidad política. El sumario de la dana será la hoja de ruta de la oposición, que tratará de mantener la tensión hasta las próximas elecciones. Las conclusiones de esta investigación, en parte, también pueden ofrecer un balón de oxígeno a Mazón, cuya credibilidad ha quedado cuestionada.

Existen otras causas que también marcarán este 2025. El desenlace judicial de Francisco Camps será el final de una etapa extensa y convulsa de la política valenciana. Cerca de 15 años de investigaciones judiciales –el periodo y la intensidad dan para sostener la queja de la persecución– terminarán con el pronunciamiento del Tribunal Supremo acerca de la última pieza del caso Gürtel. La Audiencia ya le absolvió en su momento y ahora, una vez retirada la acusación por parte de la Fiscalía, sólo queda el PSPV. La más que probable confirmación del fallo inicial abriría la puerta a que Camps, en un PP quizá debilitado por la dana, exigiera su rehabilitación o incluso amagara con otro tipo de maniobras desestabilizadoras para la dirigencia popular.

El calendario judicial se completará con otro juicio de la saga Blasco. En este caso, en el expolio del Hospital General se ha quedado fuera el siete veces conseller de la Generalitat, Rafael Blasco pese a los indicios que, en su momento, apreció la Fiscalía. Al frente de esta última trama, en realidad, destaca su sobrino, Sergio Blasco. El caso acumula cierto retraso para unas diligencias que comenzaron hace cerca de diez años.

Anticorrupción solicita penas muy elevadas para los miembros de la red delictiva. Para Sergio Blasco, por ejemplo, reclama 20 años de cárcel y una multa de 14 millones de euros. Uno de sus hermanos, Francisco José, también acusado, se enfrenta a 14 años de prisión. Ambos son hijos de Francisco Blasco, el que fuera alcalde de Alzira y expresidente de la Diputación de Valencia. El resto de los procesados son empresarios que participaron en la operativa defraudatoria.