La izquierda teme que el PP aproveche la tensión interna en Antifraude para cerrar la Agencia

Según Compromís y PSPV, la amenaza de cierre que, según ellos, se cierne sobre Antifraude, tendría que ver con los casos de corrupción del PP que se investigan en la Agencia. Otras fuentes perfectamente conocedoras de lo que hace la oficina que dirige Llinares especulan con que son otros, y no precisamente la derecha, los que pretenden finiquitar Antifraude. La realidad a veces es mucho menos enrevesada, pero donde haya un secreta trama política que sirva como excusa para sentirse perseguido o para atizar al rival, que se quite todo lo demás.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha asegura que su coalición «cree en las instituciones valencianas, no como otros partidos (en referencia a Vox), o el PP, que no me extrañaría que estuviera esperando el modo de cerrar Antifraude por todo esto que está pasando».

«Viendo lo que pasa con el PP en Baleares (los populares pretenden cerrar la Oficina Anticorrupción de las islas), ahora ves lo que ocurre con altos cargos de Sanidad (uno de ellos es accionista de una empresa adjudicataria de la conselleria), cómo se desarrolla el juicio de Gurtel, o el modo en que los populares reivindican el legado de Barberá, Camps y Zaplana, me parece que la Agencia está en peligro y no me extrañaría que planteen su eliminación«, ha indicado Baldoví.

En una línea similar se ha expresado la diputada Mercedes Caballero, del PSPV. La parlamentaria socialista ha asegurado que desde su grupo parlamentario «estamos de acuerdo en que cualquier denuncia, sea de acoso sexual o laboral, se investigada. El problema no es que la agencia Antifraude cierre una investigación o lo que sea. Si hay algún indicio de delito, desde el Grupo Socialista pensamos que hay que ir al juzgado. Nosotros lo que consideramos que es muy grave es la intencionalidad del PP en deslegitimar las instituciones».

«Pensamos que hay un ataque directo a la Agencia, que es justamente la institución que está investigando los casos de corrupción del PP. Y eso yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que confiar en las instituciones. Después están los casos puntuales. Si una institución no responde a las denuncias que alguien ha hecho, pues el asunto puede acabar en un juzgado», ha señalado Caballero.

Una empresa externa recibió el encargo de elaborar el plan de igualdad y remitió a la plantilla (algo menos de medio centenar de personas, mayoría de funcionarias) una serie de formularios durante la primera mitad del año para evaluar la situación en Antifraude en temas de igualdad.

«Existe una respuesta por parte de dos mujeres que han indicado haber recibido mensajes con contenido sexual no deseado cuyos remitentes son personas con las que trabajan», señala ese informe preliminar. Las dos funcionarias permanecen en el anonimato. En ese mismo documento se desprende el recelo de un porcentaje de las trabajadoras respecto a la Agencia a la hora de resolver casos de acoso.

Los delegados sindicales reclamaron este pasado mes de junio que se aclarasen esos casos y miembros de la dirección de la Agencia manifestaron su malestar por esa petición al considerar que se cuestiona la gestión del propio Llinares. LAS PROVINCIAS adelantó los datos del informe y el malestar interno.

Antifraude consideró que esa noticia nacía de una filtración que vulneraba la confidencialidad de su actividad. Se lanzó a investigar a sus funcionarios. Expedientó a dos de ellas, inició un procedimiento para apartarlas (se baraja una sanción de hasta seis años de inhabilitación). Las empleadas recurrieron internamente, una de ellas en plena baja por maternidad y después de un embarazo de riesgo. El asunto se ha judicializado. El TSJ le paró los pies a Llinares y aceptó una denuncia por vulneración de derechos fundamentales.

Los sindicatos UGT (una de las expedientadas es su delegada) y CCOO presentaron un escrito ante Antifraude, alarmados porque, en su empeño por buscar filtraciones, desde la Agencia «se ha accedido a la cuenta de correo electrónico habilitada a la representación del personal». UGT denunció una «persecución» y señala que «lleva mucho tiempo preocupado por el clima laboral en Antifraude».

Llinares se dirigió en septiembre a Les Corts ofreciéndose a comparecer, aunque no por los expedientes abiertos a sus empleadas (tal y como le obliga la ley), sino por las «inexactitudes» de la información publicada. Los partidos han coincidido en la necesidad de que esas explicaciones se den en el parlamento valenciano.

Este pasado lunes, Llinares ha decidido el archivo de la investigación sobre ese supuesto acoso detectado en el informe previo al plan de igualdad. Se cierra el expediente «una vez realizadas todas las actuaciones oportunas y sin que se hayan puesto de manifiesto denuncias, ni se hayan identificado situaciones, ni hechos, ni personas, relacionados con ningún caso de acoso sexual o por razón de sexo en la plantilla». Este jueves, la mesa de la comisión de Hacienda en Les Corts se ha reunido y ha establecido que el próximo día 30 se decidrá cuándo comparecerá Llinares.