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Jaime Febrer es un pilar sobre el que se asientan las investigaciones del caso Azud. El empresario, uno de los investigados desde el inicio de las diligencias, pasó ciertamente desapercibido en esa primera fase de la operación judicial. El registro de su despacho, sin ... embargo, aportó otro de los hilos que la UCO ha exprimido en los últimos meses. Una agenda con sus encuentros y supuestos pagos terminó con la imputación de Rafa Rubio, subdelegado del Gobierno y el hombre que ha controlado el urbanismo de la ciudad durante años. Las anotaciones supuestamente recogen un pago de cerca de 300.000 euros al político socialista. El exdirigente usó presuntamente el conocido como método del pitufeo para blanquear el origen de ese dinero. Esto es parte de la investigación que cinco años después de comenzar las pesquisas se mantiene bajo secreto. No ha habido ningún asunto en Valencia con un medida excepcional vigente tanto tiempo.
Febrer ha estado cinco meses en prisión. Cambió de abogado con el intento de acortar su estancia en la penitenciaría. Manolo Mata, síndic del PSPV, asumió su representación legal. En numerosas ocasiones, reclamó la libertad para su cliente. Pero siempre se encontró con la misma respuesta: la UCO no ha terminado sus diligencias. Sólo cuando los agentes disponen ya de toda la información para elaborar sus informes, la titular ha dejado en libertad a Febrer.
Alfonso Grau, no obstante, permanece en la cárcel por estos hechos. Su situación resulta notablemente diferente. El exdirigente popular tiene 80 años. Nunca antes había estado en prisión pese a sus múltiples frentes judiciales: caso Nóos o la financiación ilegal del PP. Otro de ellos, el famoso cohecho de los relojes de lujo por parte de Transvia, proveedor del Ayuntamiento, terminó con una condena de tres años. El fallo está recurrido a la espera de la decisión del Supremo. En su caso, Anticorrupción pidió el ingreso en prisión por riesgo de fuga al margen de, como Febrer, de destrucción de pruebas.
El empresario ha tenido otros problemas judiciales en el pasado, pero ninguno de la entidad del de Azud. Este verano se enfrentaba a un fraude fiscal por reducirse las cuotas de IVA en una sociedad que se había creado para un PAI en la Villajoyosa. La vista arrancó después de varias suspensiones, la última el pasado mes de marzo.
La Fiscalía pedía de entrada tres años de cárcel por el fraude, en grado de tentativa. Tras el acuerdo, el castigo se redujo a seis meses de cárcel y a una multa de 5.400 euros. Previamente también se vio atrapado en otro asunto similar en la compra de unas parcelas en la Villajoyosa. El juzgado de lo Penal 9 de Valencia absolvió en su día a los acusados. Sin embargo, la Audiencia ordenó repetir el juicio. Entonces, se produjo la condena. Pero la Audiencia decidió revocar también este fallo.
Las indagaciones del caso Azud también abarcan al PSPV. Los investigadores tratan de aclarar si la organización política pudo aprovecharse de algún modo de los tentáculos de la trama. La imputación de Pepe Cataluña, histórico de las finanzas de la formación socialista, refuerza esta tesis. De igual modo, José Luis Vera, el todavía jurídico de Divalterra, también mantiene poderosos vínculos con los socialistas.
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