Javier Luján, el empresario que conecta los casos de corrupción en la Comunitat

Agentes encargados de la investigación han comenzado a tomar declaración a algunos de los sospechosos en estas diligencias. Entre los investigados destaca, sin duda, el nombre de Javier Luján, un conocido empresario de la Comunitat que inició su andadura en 1976 y aparece en numerosos asuntos de corrupción. Un histórico del sector que se ha visto ya envuelto en dos grandes investigaciones en la Comunitat: el caso Imelsa y ahora el de Azud.

El primero de los sumarios enfocado fundamentalmente en el PP, el segundo incorpora también al PSPV. En Imelsa, se vio imputado en los sobrecostes de los colegios, aunque posteriormente se archivó. Sigue, no obstante, investigado en la pieza principal del caso.

De nuevo el pasado martes se volvió a registrar su domicilio. Parece extraño que alguien pueda guardar información comprometida, al menos en formato papel, durante más de diez años en su vivienda.

No es un fenómeno extraordinario sino que las causas de corrupción a menudo se encuentran entrelazadas. Luján apareció también señalado en el caso Aquamed, instruido en los juzgados centrales de la Audiencia Nacional, por mantener reuniones con el principal investigado y director de la empresa pública, Arcadio Mateo, según Vozpopuli. Por último, la juez de Valencia que investigó las obras en el circuito de la Fórmula 1 también lo citó como imputado. La investigación terminó finalmente sobreseida.

LAS PROVINCIAS contactó ayer con la citada mercantil. Más allá de comentar su colaboración absoluta con la Justicia evitaron profundizar en la causa de Azud.

En principio, el caso Azud se limitaba al supuesto cobro de comisiones millonarias a cambio de favores urbanísticos y que salpica a excargos de PP y PSPV. Pero existen cinco piezas separadas. Al menos una de ellas se dirige directamente a profundizar sobre las sospechas de una presunta financiación ilegal del partido socialista en la Comunitat. Esto se habría articulado a través de un supuesto amaño de adjudicaciones públicas a cambio de mordidas.

Y ahí, en esa labor de supuesta intermediación, sobresale el papel de Pepe Cataluña, histórico de las finanzas del PSPV. Este dinero, siempre supuestamente, iría a parar a una caja B de los socialistas valencianos. Uno de los contratos investigados en el dispositivo policial emprendido en el día de ayer es precisamente una obra del trasvase Júcar-Vinalopó, de unos 36 millones de euros. La operativa de lo que se investiga ahora parece entroncar directamente con el modus operandi de Aquamed, la trama que se investiga en la Audiencia Nacional.

Los agentes están preparando el informe definitivo para entregarlo en el juzgado. La previsión es que el secreto de sumario se levante en los próximos días y los abogados puedan conocer todos los detalles de esta parte de la investigación. El origen son los papeles intervenido en el domicilio de Pepe Cataluña, histórico dirigente del PSPV encargado de las finanzas de la organización.

Esta última operación del caso Azud ha generado otro enfrentamiento político entre el PP y el PSPV. El secretario de Organización de los socialistas, José Muñoz, indicó que su partido no tiene «información adicional» de los nuevos registros y defendió su actuación «clara y contundente» con los exrepresentantes socialistas investigados.

«Como hemos hecho siempre, actuaríamos si existen responsabilidades de actuaciones individuales, pero a día de hoy no tenemos información nueva», declaró en los pasillos de Les Corts. El dirigente ha insistido en que los cargos investigados «ya no forman parte del PSOE» y lo ha querido diferenciar de la respuesta del PP. «Hay personas de este proceso que importan cargos tan importantes como la Mesa de Les Corts en alusión al diputado 'popular' Jorge Bellver.

No tardó María José Catalá, síndica del PP, en reprochar al portavoz de Hacienda del PSPV, Jose Muñoz, que «presuma de algo» sobre la actuación de su partido en el caso Azud y reclamó respeto para el vicepresidente segundo de Les Corts, Jorge Bellver, que «no está procesado ni investigado». Bellver, en realidad, está a la espera de que la juez eleve la causa al TSJ si considera que existen indicios delictivos.

De esta forma se pronunció Catalá para responder a Muñoz. La también secretaria general de los 'populares' ha considerado que «cuando alguien tiene un cargo de responsabilidad orgánica –el diputado socialista es además secretario de Organización del PSPV– tiene que presumir poco y ser consciente de lo que hay».

Para la síndica, «si se demuestra que el PSPV acudió a algunas elecciones de forma irregular», se caería «como un castillo de naipes» el discurso de «supuesta honorabilidad» que mantiene la izquierda valenciana. Un escenario que ya preocupa a los socialistas, conscientes de su cita definitiva con las urnas.