El jefe jurídico de Divalterra le da un repaso a Antifraude

El responsable del área jurídica de Divalterra, José Luis Vera, arremete contra la Agencia Antifraude en el informe que ha elevado al consejo de administración de la empresa de la Diputación de Valencia, heredera de la vieja Imelsa, respecto a las irregularidades que se han producido en el concurso para elegir nuevo responsable de Recursos Humanos de esta firma.

El documento, al que ha tenido acceso este diario, detecta hasta un total de catorce irregularidades en el proceso que van desde las bases para la convocatoria del concurso hasta la definitiva suspensión cautelar del mismo, a instancias del propio Vera, y sobre la que ahora se tendrá que pronunciar el órgano de dirección de la empresa pública. Vera propone «anular todo el procedimiento, incluidas las bases, e iniciar los trámites para la anulación del contrato realizado en fraude de ley» con la actual responsable del cargo, Eugenia Fernández.

No obstante, el apartado más destacado del informe -de 87 páginas- es el que figura bajo el epígrafe 'análisis de las presuntas irregularidades cometidas por la Agencia Antifraude en su informe de 8 de febrero de 2021'. Vera detalla aquí que la entidad que dirige Llinares -a la que la Intervención de la Generalitat acaba de afear su reiterado recurso a la contratación directa- «ha iniciado actuaciones como es la emisión de un Informe Jurídico (donde se dictan conclusiones sobre el fondo de los hechos denunciados) sin haber realizado actividad mínima inspectora o de investigación sobre los hechos denunciados». Antifraude figura en el expediente de este proceso después de que el presidente del tribunal del citado concurso -anterior jefe de Recursos Humanos de la empresa- denunciara supuestas irregularidades en el proceso. La entidad de Llinares aprueba un informe en el que defiende la designación de Eugenia Fernández tal y como había propuesto el tribunal y nombrado el gerente de la firma, Antonio Mas.

El jefe jurídico de Divalterra considera, en cambio, que Antifraude protagoniza una «intervención desproporcionada e injusta», al tiempo que «vulnera el deber lealtad institucional recogido en el artículo 4 de la 40/2015» de Régimen Jurídico del Sector Público. De hecho, llega a considerar que con la publicación del informe de Antifraude «se ha realizado una presión indebida al Consejo de Administración (de Divalterra) y se ha arrojado, intencionadamente, sombras de duda sobre el mismo para el supuesto de que adopte una decisión que no coincida con las conclusiones que Antifraude, a vuela pluma y sin el soporte documental del expediente del proceso de selección, ha realizado».

El informe de Vera detalla con precisión más de una docena de irregularidades en este concurso. Desde la incapacidad del gerente para poder hacer nombramientos -dependen del consejo-, hasta las bases del concurso, que contravienen los estatutos de Divalterra. El contrato firmado el 18 de enero, añade, se hizo en fraude de ley; el tribunal vulneró el principio de imparcialidad, también los de Igualdad y Transparencia y hubo infracciones de confidencialidad.

En otro informe, también elevado al consejo de Divalterra, Vera acepta parcialmente uno de los recursos presentados al proceso y propone volver a valorar los méritos de Eugenia Fernández para haber sido nombrada para el cargo.