El jefe de los servicios jurídicos de Divalterra asume también la prevención de riesgos penales

El director de los Servicios Jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, ha asumido entre sus funciones las relativas a la prevención de riesgos penales. La novación del contrato de alta dirección de Vera, que lleva fecha del pasado jueves, establece que a partir de este momento será el encargado de «vigilar y prevenir la comisión de delitos, así como de reaccionar frente a ello». La nueva responsabilidad de Vera vendría a ser el equivalente al compliance, un plan de prevención del delito cuya aplicación reduce los riesgos de que la prácticas ilegales se reproduzcan.

La creación de este compliance es un compromiso que Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, arrastraba desde hace varios años. Durante la pasada legislatura la falta de quórum en el consejo de administración había impedido la reforma de los estatutos de la sociedad en los que incluir el nuevo plan de acción.

La medida también incluía el nombramiento de un director de cumplimiento del nuevo modelo, una persona externa a la mercantil y con cierto presupuesto para no depender de un departamento de la sociedad. En definitiva, con autonomía para ejercer una verdadera vigilancia. Este responsable debía ser el encargado de verificar que se estaban siguiendo los protocolos de actuación diseñados para evitar infracciones.

Inicialmente se desconocía si finalmente se optará por una persona al margen de la empresa o se designará un cargo directivo. Finalmente, la opción elegida ha sido la de confiar esta responsabilidad a quien ya ejercía como responsable de los servicios jurídicos.

La aplicación efectiva de esta medida estaba prevista ya para 2018. Pero el caso Alquería, la investigación judicial que se llevó por delante el mandato de Jorge Rodríguez al frente de la corporación provincial y de sus más estrechos colaboradores Una causa, por supuestos delitos de prevaricación y malversación en la contratación de puestos de alta dirección en la propia Divalterra, que quizá podría haberse llegado a prevenir en el caso de que ese compliance o una figura análoga como la que ahora se pone en marcha con las funciones que asume Vera hubiera estado en marcha.

Con la llegada de Toni Gaspar a la presidencia de la Diputación se recuperó la puesta en marcha de esta iniciativa. De hecho, hasta sea elaboraron las bases para la contratación de un director de cumplimiento normativo. La estimación de su remuneración, en el entorno de los 70.000 euros anuales, llevó a la corporación provincial a desistir de la opción de contratar a una figura externa que se encargara de estas funciones y a atribuírselas a Vera.