Jorge Rodríguez, sobre la apertura de juicio: «No me llevé ni un céntimo a casa»

El expresidente de la Diputación de Valencia y el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, remarcó ayer, tras hacerse pública la apertura de juicio oral por el caso Alquería y que Anticorrupción le solicita 8 años de prisión y veinte de inhabilitación, que él no se llevó «ni un céntimo a casa. Nunca hemos metido la mano en la caja». El ex dirigente socialista dejó entrever su discrepancia con la pena que propone el ministerio público, y recordó que es exactamente la misma que se pide para Marcos Benavent. «Llama la atención», dijo al respecto, que el ministerio público pida «la misma pena de prisión que al yonki del dinero, que ha confesado haber saqueado la empresa», dijo.

Rodríguez se pronunció en estos términos en el transcurso de la presentación de las obras del nuevo colector de aguas residuales de Ontinyent que se vio afectado por la Dana y que costará 7 millones de euros. «Esto nos pilla trabajando», remarcó un colaborador del ex dirigente socialista.

Para Rodríguez, así como su jefe de gabinete, Ricard Gallego, su asesor en la corporación provincial Manuel Reguart y los ex gerentes de Imelsa y Divalterra, Josep Ramon Tiller y Agus Brines, respectivamente, Anticorrupción pide 8 años de cárcel -la pena más alta de las que se reclaman a los 15 acusados-.

Rodríguez insistió ayer en la teoría de la conspiración entre fiscal y juez, al recordar que uno y otro fueron los que ordenaron la operación policial que el 27 de junio de 2018 derivó en las detenciones de los implicados en esta causa. «Era imposible que con una operación policial que digna de (una operación contra) el yihadismo o de etarras, todo acabar en archivo, cuando fueron el fiscal y el instructor los que autorizaron nuestra detención».

Rodríguez dijo tener «cierta esperanza» ante la celebración del juicio oral en la Audiencia provincial. «Siempre hemos querido defender nuestra inocencia, y que el juez haya ido denegando todo lo que íbamos pidiendo (en la instrucción) no lo ha hecho posible». Lo que se juzgará en este caso son delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en la contratación de altos cargos en la empresa de la Diputación Divalterra. Rodríguez insistió ayer en que el gran debate de este caso es «si hay siete contratos bien o mal hechos. La gran malversación son los sueldos que se pagaban a esos cargos por ir a trabajar».

Rodríguez reiteró que no se ha llevado dinero a casa -ninguno de los delitos que se lo atribuyen es por algo así- e insistió en que el relato de fiscal y juez en su escrito de acusaciones y en el de apertura de juicio oral es el mismo que cuando se llevó a cabo la operación hace más de dos años y medio. Insistió en que no tiene ninguna intención de abandonar el cargo -«sería un fraude a la ciudadanía», dijo- e insistió en que los contratos que hizo y que ahora se van a juzgar se hicieron «para tratar de poner orden en una empresa saqueada en la etapa del PP».