El cuñado de Rita Barberá sale de la cárcel al reducirse el riesgo de que destruya pruebas

El letrado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, quedó este martes en libertad tras cerca de un mes en la prisión de Picassent. El familiar de la exedil se encuentra investigado en la operación Azud por el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. La jueza que instruye el asunto decretó su ingreso en la penitenciaría por el riesgo de destrucción de pruebas. Se trataba de preservar el fin de la investigación comandada por la UCO que durante los días posteriores al arresto acudió al Club de Tenis Valencia y a las oficinas del Levante UD en busca de determinados expedientes que permitan apuntalar los indicios de criminalidad. La Guardia Civil también registró el domicilio de Corbín, su despacho profesional y el chalé de la familia en Xàbia.

La instructora considera que el riesgo de destrucción de pruebas ha desaparecido una vez completadas esas diligencias. Además, el juzgado ya investigaba al familiar de la líder del PP por lo que buena parte del material incriminatorio se había recopilado con anterioridad a su arresto. Ahora Corbín sólo deberá comparecer en el juzgado para firmar dos veces al mes.

La libertad se ordenó el mismo día que comparecía en el juzgado otro de los investigados en la causa. Se trata de Diego Elum, uno de los colaboradores del cuñado de Barberá. El imputado realizó una extensa declaración. Su abogado, Vicente Monzó, aclaró que Elum fue convocado por la jueza y no a petición propia, como publicó LAS PROVINCIAS.

En esta investigación por corrupción han vuelto a aparecer empresas señaladas ya en otros asuntos de la misma naturaleza, como la investigación por la financiación ilegal del Partido Popular. Así, contratos con Acciona, Secopsa o adjudicaciones a Cleop regresan a un sumario por corrupción. Esta última, en manos de Carlos Turró, aparece también salpicada en el supuesto amaño de contratos del Ayuntamiento que se investigan en la pieza separada del caso Imelsa. El presunto entramado alrededor de la familia Corbín -el abogado, sus tres hijas y su mujer, Asunción Barberá, jefa de gabinete de la alcaldesa de Valencia se encuentran entre los imputados- no está vinculada de manera directa al resto de las piezas derivadas del caso Imelsa o Taula, pero sí comparten algunos de los protagonistas. El supuesto cobro de comisiones por las adjudicaciones públicas en el Ayuntamiento de Valencia era un 'negocio' que circulaba en paralelo al resto de actividades delictivas, pero se nutría de las mismas mercantiles.

No es la única novedad del asunto que deparó la jornada. El Ayuntamiento de Valencia no será, por el momento, acusación en el caso Azud. El primer edil, Joan Ribó, ya anunció en su día, el mismo en el que detuvieron al letrado Corbín, que el Consistorio se personaría en la causa. En aquel momento y todavía continúa hoy, el asunto estaba bajo secreto de sumario por lo que no se conocían los detalles de las pesquisas. Pese a esta circunstancia, el responsable de Compromís intuía que podrían estar comprometidos los intereses municipales.

La respuesta del fiscal ha supuesto un auténtico jarro de agua fría a las intenciones del Consistorio que quería ser parte aludiendo a los intereses generales. El ministerio público aclara al abogado municipal que es el fiscal quien vela por el interés general y cita al catedrático García de Enterría para recordar que las administraciones públicas «no son representantes de la comunidad sino que es una organización puesta a su servicio».

Además, subraya que el Consistorio sólo puede personarse en la causa como acusación particular en el caso de que sus intereses legítimos se vean perjudicados. Pero en el momento actual esta situación no se ha producido. Por tanto, esa vía está cerrada. Si eso llegara a materializarse se le realizaría un ofrecimiento de acciones. Pero el fiscal va un paso más allá y apunta la posibilidad de que la posición que ocupe en la causa sea la de responsable civil subsidiario, es decir, que podrían responder por los daños causados por sus trabajadores.

En este sentido, no se puede olvidar que Asunción Barberá, mujer de Corbín, trabaja en el Ayuntamiento de Valencia en comisión de servicio. Durante años fue jefa de gabinete de la primera edil y aún hoy continúa en la administración. De igual modo, recuerda que tampoco cabe la posibilidad de que el Ayuntamiento se persone como acusación popular porque la jurisprudencia ya ha resuelto que es un instrumento pensado para la ciudadanía y no para un partido político.