La Fiscalía se encuentra descabezada. Tres de sus principales piezas, la de fiscal superior del TSJ, la de teniente fiscal del TSJ y más recientemente ... la de fiscal provincial de Valencia, se mantienen sin titular. La previsión es que este mes puedan salir las plazas –todas al mismo tiempo o no–, circunstancia que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha confirmado.
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Lo incierto del escenario permite dibujar caminos diferentes. Tres fiscales parecen ser aspirantes a todo, habituales candidatas a puestos de esta y similar naturaleza. Se trata de Adoración Cano, Susana Gisbert y Rosa Guiralt. Todas, representantes de larga trayectoria en la Unión Progresista de Fiscales. Por el lado contrario, el de la conservadora Asociación de Fiscales, figura José Ortiz, actual fiscal jefe de Valencia, cuyo mandato terminó hace semanas. Sigue en funciones, pero su propósito sería llegar a la fiscalía superior.
La idea parece ser una terna de aspirantes: Ortiz, Cano y Guiralt para el TSJ. Y luego, dependiendo del resultado, o incluso al mismo tiempo, Cano y Gisbert competirían para la provincial. No se descarta alguna apuesta sorpresa, un 'tapado' al margen de las asociaciones.
La jubilación de Gonzalo López Ebri, el histórico teniente fiscal del TSJ, fue la primera baja de calado en el organigrama. La plaza del fiscal, uno de los referentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), lleva meses sin salir a concurso. En este lapso también se produjo la salida de Teresa Gisbert, la fiscal superior del TSJ, cuyo informe resultó determinante, por ejemplo, en la imputación de Mónica Oltra por los abusos de su exmarido a una menor.
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Gisbert fue elegida por el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, para ser la máxima responsable de Menores como fiscal de Sala en el Tribunal Supremo. Una propuesta prácticamente irrechazable para la dirigente valenciana. El hecho de que el Consejo Fiscal, órgano consultivo de la carrera, no diera su apoyo unánime a la valenciana, no fue impedimento para que Ortiz impusiera su voluntad en el nombramiento.
Esta situación de interinidad –asumida en el TSJ por Luis Sanz por ser el más antiguo– se trasladó hace unas semanas también a la Fiscalía de Valencia donde José Ortiz, miembro de la conservadora Asociación de Fiscales, acaba de terminar su mandato. En teoría, son periodos de cinco años, pero él ha estado menos tiempo porque sustituyó a Gisbert cuando esta, al poco de iniciar su tercer mandato de fiscal jefa, pasó a ser fiscal superior.
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El futuro es incierto para todos y más para los aspirantes a un proceso de estas características. Ortiz, como fiscal jefe, debería ser el principal aspirante a continuar con su carrera en el TSJ, la 'lógica' salida cuando se cumple un mandato en la provincial. Una segunda etapa se suele conceder salvo grandes escándalos o problemas constantes en la dirigencia. No ha sido ese el caso de Ortiz y, por tanto, la continuidad debía ser la norma.
Pero intervienen otros factores que, sin duda, complican ese posible horizonte. El fiscal general Álvaro Órtiz, que ha estado esta semana en Valencia en la clausura de las reuniones de fiscales jefes, podría saltarse esa norma no escrita y apostar por un aspirante de su adscripción ideológica. Adoración Cano y Susana Gisbert señalaron a LAS PROVINCIAS que no tenían decidido si se iban a presentar lo que equivale a que sí piensan hacerlo. De hecho, así lo han deslizado a su entorno. Más clara ha sido Rosa Guiralt, coordinadora de la sección de Violencia de Género, que confirmó su aspiración de salir hacia el TSJ.
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Gisbert, actual responsable de delitos de odio, mantiene una intensa exposición pública a través de redes sociales, una vertiente que deberá reducir si opta a altas responsabilidades. En su momento, intentó ser magistrada del Tribunal Constitucional con el apoyo de Podemos. Cano, por su parte, es una de las delegada de Anticorrupción en Valencia. Lleva, entre otros casos, la investigación al clan Blasco o las famosas ayudas a Francis Puig, hermano del presidente Ximo Puig. Se presentó, en su momento, a una de las plazas de fiscal europeo. Pero entonces no contó con el respaldo suficiente.
Ambas candidatas mantienen una relación fluida con el fiscal general Ortiz, como representantes de la UPF, una organización que, por otra parte, tiene una representación casi testimonial en Valencia tras el cisma que se produjo hace años en el seno de la entidad. Las relaciones en esta organización siempre han sido tormentosas. Una circunstancia que permite casi cualquier resultado.
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