Lo que se juega la Comunitat Valenciana en las elecciones del 14F

Nosotros volveremos a la mesa donde se negocia la reforma de la financiación autonómica». La frase la pronunció el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en el transcurso de un acto de campaña celebrado esta semana de forma telemática y que contó con la presencia del presidente valenciano, Ximo Puig. La referencia de Illa a la reforma de la financiación, de la misma manera que la alusión a las obras del corredor mediterráneo, no es baladí. Uno y otro tema constituyen dos de los retos fundamentales a los que se enfrenta el Gobierno en los próximos meses y años. Y en ambos casos, el papel de la Comunitat Valenciana y de Cataluña puede resultar clave. Tanto si van por separado como si, mucho mejor, lo hacen de forma coordinada.

El próximo domingo se celebran elecciones autonómicas en Cataluña. Un proceso electoral que puede poner fin, o no, a la deriva independentista que durante la última década ha arruinado la imagen de esa región en el exterior. Las imágenes de incidentes en las calles de las principales capitales catalanas, los enfrentamientos con la policía y la sensación de creciente ruptura social terminaron por derrumbar la percepción de esa región como uno de los grandes polos económicos y de riqueza de España. El independentismo aumentó la presión -aquel bochornoso «apreteu» de Quim Torra- y el resultado fue la fuga de empresas y sociedades, la pérdida de perspectiva sobre los problemas reales de los ciudadanos y un deterioro de la imagen del que la región sigue sin recuperarse.

Lo que ocurra el 14F resulta trascendente para la Comunitat Valenciana. El presidente Puig abrió la puerta el pasado 1 de diciembre en Barcelona a una 'commonwealth' que de alguna manera permitiera converger -según explicó- a las regiones con rasgos culturales comunes y convertirlas en factor de influencia tanto ante el Gobierno central como frente a Europa. La propuesta vendría a sostenerse desde el convencimiento de que la suma de estas dos economías, más la de Baleares llegado el caso, se convertiría en referencia determinante frente al indiscutible peso específico de la capital de España. Un contrapeso que pudiera inclinar hacia el mediterráneo inversiones y apuestas políticas de Estado. Lo cierto es que las relaciones entre ambas regiones, como entre sus respectivos gobiernos regionales, han pasado por etapas de entendimiento y por otras de ruptura.

La propuesta, con todas las prevenciones que merecen este tipo de discursos ante una región con un fuerte componente de rechazo social y político hacia España, encontraría una plasmación muy distinta en función de cuál sea el Gobierno que salga de las urnas el 14F. Illa, según apuntala el CIS, podría ser el candidato más votado en esos comicios, aunque ni él ni ninguna de las opciones políticas que se presentan a esos comicios tienen opciones reales de lograr una mayoría absoluta. El independentismo, con ERC, Junts per Catalunya y el PdeCat, sí que podría llegar a sumar esa mayoría necesaria para sacar adelante una investidura. Son las dos opciones, la de un Govern presidido por una formación con representación en toda España -Illa es el que tiene más opciones según las encuestas- o la de un nuevo Ejecutivo independentista, que aparecen como las más probables. Y resulta evidente que no sería lo mismo buscar el entendimiento con unos que con los otros.

Los proyectos concretos son esencialmente dos: la reforma del sistema de financiación autonómica y el corredor mediterráneo. En el primer caso, tanto Cataluña como la Comunitat Valenciana vienen reivindicando un cambio inmediato del modelo. Al Ejecutivo que preside Ximo Puig le urge bastante más un cambio de sistema que ponga punto y final a esa condición de región peor financiada per cápita de todas las del régimen común.

Cataluña y la Comunitat pueden converger en la negociación del nuevo modelo -aunque el Gobierno valenciano había tenido históricamente en Andalucía a su principal aliado en esta materia-. El proceso independentista ha mantenido a Cataluña fuera de cualquier puerta abierta a la negociación de las CCAA con el Estado del nuevo sistema de reparto de los fondos. Un nuevo Gobierno de Pere Aragonés, el actual presidente catalán, o de Laura Borrás, la candidata de JxCat, amenaza con volver a situar el choque con el Estado y la reivindicación soberanista como única prioridad para una región que, no es poca cosa, suma una deuda de 78.000 millones de euros y ha visto fugarse a algunos de sus principales activos financieros. El triunfo de Illa, tanto como el de Alejandro Fernández (PP) o Carlos Carrizosa (Cs), acercarían a Cataluña al diálogo con el Estado y con el resto de regiones, a la normalización de relaciones y a facilitar los acuerdos de Estado -exactamente lo que es la reforma del sistema de financiación-.

Junto a la negociación del reparto del dinero, Cataluña y la Comunitat Valenciana observan con atención la evolución del corredor mediterráneo, la ansiada conexión de doble plataforma ferroviaria de ancho internacional que recorra el litoral mediterráneo desde la frontera francesa hasta Algeciras, uniendo todas las ciudades mediterráneas entre sí, con el resto del país y con Europa y cuya finalización está prevista para 2025.

2020 ha sido el año del tramo Tarragona-Vandellós, que ya está en funcionamiento; el inicio de las obras del tramo València-Xàtiva-La Encina (el llamado Nudo de la Encina); el inicio de las obras de la entrada a Cartagena; la ejecución de las obras del tramo Murcia-Almería (excepto Lorca-Pulpí, Totana-Totana y Totana -Lorca), el inicio de las obras de la Variante de Loja, y la finalización de las obras del túnel de Martorell. El movimiento #QuieroCorredor prevé para este año la finalización de las obras del tercer carril entre Castellbisbal y Tarragona, las de los túneles de Castellbisbal, las del tercer carril entre Castelló y Valencia en la vía que falta -la puesta en servicio se espera para 2022-, la información pública del túnel pasante...

El corredor mediterráneo es un proyecto de Estado. Pero la posición que adopten las CCAA implicadas resulta determinante para que su impulso coja además velocidad de crucero con un valenciano, José Luis Ábalos, al frente del ministerio de Fomento. El riesgo de que el independentismo pierda de vista los intereses reales de su región -facilitar las exportaciones, reducir costes a las empresas, impulsar el sector turístico, mejorar la conectividad con Europa- supone una amenaza real para una infraestructura clave también para la Comunitat.

Las relaciones entre las dos regiones, como entre sus gobiernos, han pasado por etapas de desconexión y otras de entendimiento