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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha movido ficha en el tablero de la financiación. Por un lado para tocar a rebato ... a las autonomías y pedirles que se dispersen en la protesta simbólica que están protagonizando por bandos, y por otro, para decirles que en noviembre se abrirá el melón que podría poner fin a un modelo caducado desde 2014. En juego, reorganizar el statu quo económico con el que se financian las mismas asistencias en servicios públicos en todas las comunidades, pero con distinta cantidad para cada una. Así que las regiones han comenzado ya su particular Juego de Tronos para hacerse con el premio final, que en este caso ni es de hierro ni es un trono, sino unos fondos ajustados a las necesidades de todas las regiones. Y ahí, cada comunidad cree que el premio es que se elija el criterio que prefieren para repartir el dinero con el que pagan los servicios de sus ciudadanos, acorde a sus peculiaridades.
En el grupo más numeroso, el formado por las comunidades más despobladas, se defiende que el reparto de fondos tenga en cuenta criterios de dispersión y de envejecimiento, para poder hacer a un escenario de poblaciones muy separadas entre sí, con pocos vecinos, de edad avanzada y, por tanto, mayores necesidades sociosanitarias y gran extensión de terreno. Ahí están Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y La Rioja.
En otro frente, el eje de las comunidades peor financiadas con el actual modelo, entre la que se encuentra la Comunitat, junto a Andalucía y Murcia. Las tres regiones son defensoras de que el criterio principal en el que se base el reparto futuro se ciña a la población real ajustada. Es decir, que se financien los servicios per capita. Por poner un ejemplo, según los datos del último informe de Fedea, respecto a 2019, último año liquidado, un valenciano recibió un total de 703 euros menos que un cántabro y 215 euros menos que la media para financiar sus servicios públicos. Con esas cifras, la Comunitat sigue siendo la región peor financiada y ese último puesto ha ido acarreando un déficit de ingreso año tras año que ha hecho a estas autonomías endeudarse para poder sufragar sus gastos en sanidad, educación o servicios sociales. Es la llamada deuda histórica que ahora el Gobierno se abre a incluir en el nuevo modelo.
Por otro lado, las regiones más ricas, donde se encuentran Madrid, Cataluña y Baleares, que según desgranó Montero, son partidarias de un principio de originalidad. La situación de las tres dista de ser una alianza, sino más bien, que comparten elementos comunes. Pero, Cataluña, por ejemplo, no asiste a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se debaten los pasos para la reforma del modelo y Madrid ha mostrado su apoyo al criterio poblacional que han defendido esta semana la Comunitat y Andalucía en su cumbre bilateral.
En otro plano, Cantabria y Canarias, dos regiones al margen de la actual gresca por el reparto de fondos, que actúan conforme a variables diferenciadas. Mientras la comunidad cantábrica es una de las más ricas y, de lejos, la más beneficiada por el modelo actual, Canarias tiene en la insularidad un efecto geográfico que propicia unos condicionantes propios.
En el último bando, las comunidades fuera del régimen común, Navarra y País Vasco, que negocian de manera bilateral con el Gobierno central y que asisten como espectadoras a una batalla que se avecina complicada. Porque como en toda negociación, no todos pueden ganar. Y todos no estarán contentos.
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