El juez amplía ahora los delitos a Benavent tras admitir que tuvo parada la causa 17 meses

Se trata de Marcos Benavent, el conocido como yonki del dinero, protagonista esencial de toda la trama que, en teoría, pivotaba alrededor del expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. De momento, el exalcalde de Xàtiva cuenta con una condena a cinco años por los 'zombies', pero también con una absolución por el caso del call center. 

Las irregularidades hacen referencia a la contratación de Benavent como director de actos institucionales de la Fundación Jaume II el Just. Era la época en la que Vicente Burgos Antón, amigo íntimo y primer marido de la edil Alcón, figuraba al frente de la citada institución.

Durante su trabajo –hasta el momento que solicitó la excedencia para irse como gerente a Imelsa– recibió un salario bruto de más de 164.000 euros. El juez, no obstante, recoge que esa contratación no respondía a la prestación de servicios laborales de ningún tipo para la fundación, ni desarrollaba actividades específicas para la entidad. En realidad, durante todo ese tiempo, «realizaba funciones propias de asesor en la Conselleria de Cultura», según el auto. Estos hechos corresponden a 2003. Dos décadas han transcurrido desde entonces.

La operativa fue similar a la que se implantaría después en Imelsa, con contrataciones de personal simuladas, únicamente a cambio de un sueldo pero sin funciones reales.

No es la única novedad del auto al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. El recorrido temporal que recoge el juez demuestra que el asunto estuvo cerca de un año y medio parado en el juzgado sin motivo justificado. El primer auto de procesamiento se dictó en octubre de 2021. Al mes siguiente, la Fiscalía recurrió la decisión para incluir a Vicente Burgos y el cobro de la remuneración de su colaborador.

Lo sorprendente se produce a continuación. El silencio del juzgado se mantiene hasta marzo de 2023 cuando el titular rechaza las alegaciones de la Fiscalía. Este lapso, de 17 meses, resulta incomprensible para dictar un auto de esas características.

Fue entonces cuando el fiscal pudo recurrir la decisión a la Audiencia. La Sala le dio la razón en junio del 2023. Y la modificación del auto por parte del juez se ha producido ahora, en pleno diciembre. Otros seis meses. La lentitud en la resolución resulta muy llamativa.

La pieza E es una de las investigaciones más endebles de todas las piezas de la causa de Imelsa. Los contratos investigados se centran en la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de Valencia como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad. También se refieren a determinados contratos de la edición del festival de cine de la Mostra.

El magistrado expuso en la resolución que los hechos investigados podrían revestir indiciariamente caracteres de delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos. También aprecia un posible delito continuado de cohecho por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de las adjudicaciones.

Pero no existen indicios evidentes de que se produjeran los pagos más allá de la versión de Benavent que posteriormente ha cambiado tras modificar su estrategia de colaboración con la Fiscalía. Tampoco los informes periciales arrojan pruebas concluyentes de que se amañaran los contratos para favorecer a determinadas empresas a cambio de mordidas.

La resolución establecía, por otro lado, el sobreseimiento libre de las actuaciones contra una de las principales investigadas, la que fuera concejal de Cultura de Valencia María José Alcón. La edil se suicidó durante la investigación de esta macrocausa.