El expresidente de Bancaja y de Banco de Valencia, José Luis Olivas,no deja de recibir buenas noticias judiciales. Si el pasado martes se conocía su absolución por la desastrosa salida a Bolsa de Bankia -asunto en el que se enfrentaba a cuatro años de cárcel- ahora se acaba de archivar otra de las investigaciones producto de aquellas alocadas aventuras de las cajas valencianas en el sector inmobiliario. Se trata de la pieza conocida como Polaris World, un macroproyecto en la costa murciana, muy popular antes de la debacle económica de 2008. Se hizo famoso, entre otros motivos, por un anuncio televisivo en el que aparecía el exseleccionador de futbol José Antonio Camacho.
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El juez acaba de dar carpetazo a esta investigación con el criterio favorable de la fiscalía, según el auto consultado por LAS PROVINCIAS. La causa salpicó también a Aurelio Izquierdo, director general de Bancaja. El sumario investigaba las circunstancias en las que se concedieron determinados préstamos a Polaris y otras firmas satélite.
La Fiscalía Anticorrupción, que en su día presentó la denuncia que dio lugar a este proceso, sostiene que no se debe seguir con el procedimiento. La decisión está respaldada en el informe que realizaron los peritos del Banco de España a partir de la operativa desarrollada por la caja.
Una conclusión de ese dosier se antoja como definitiva: «Sobre la actuación de los encausados no podemos deducir que actuaran de mala fe, dada su capacidad contrastada, expresada por la supervisión del Banco de España para gestionar la entidad». Coincide este dictamen, continúan los responsables del ministerio fiscal, con la posición expresada por el supervisor en 2006 acerca de que la «influencia política del entorno puede provocar la participación en inversiones que no se justifican desde el punto de vista de rentabilidad económica». Así pues, esto parece que ocurrió en el proyecto de la costa murciana. «Operaciones que no cumplen los objetivos deseables, pero que pueden ser consecuencia de una mala gestión en tiempos de crisis».
La pericial también aborda cómo se tramitaron esas inversiones bajo sospecha. En algunas figura el visto bueno de Olivas «aunque se desconoce si intervenía en la negociación previa» de estas operaciones. Pero no se le atribuyen mayores competencias. El director general «puede que abusara de la aprobación por urgencia, pero estaba así recogido en los Estatutos», precisan los expertos.
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Ninguno de los investigados tenía en su cometido el estudio de los riesgos, asunto diferente es que los conocieran. Y de nuevo recuerdan que el Banco de España sostenía que los riesgos estaban bien controlados antes de la crisis. Las irregularidades que se advierten en el funcionamiento de Bancaja no son suficientes para sostener un procedimiento penal.
En el mismo auto también acuerda el archivo de la operación conocida como Residencial La Maimona donde estaban imputados Aurelio Izquierdo, director general ejecutivo de Bancaja; José Cortina Orrios y Tomás Rafael Codoñer Seguí, directores generales adjuntos de Bancaja; Vicente Marco Aguilar, director gerente de la mercantil CISA, junto a miembros del comité de riesgos de la entidad.
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El asunto consistió en la compra de sociedades inmobiliarias en apuros (Residencial La Maimona y Sector Residencial La Maimona) ante la dificultad de que devolvieran sus créditos en un periodo de crisis económica. Así lo hicieron.
La fiscalía ha cambiado su consideración jurídica de los hechos y ahora cree que podrían constituir un delito de administración desleal, pero el ilícito estaría prescrito. Se cometió en 2008, pero la denuncia no se presentó hasta 2018. El plazo era únicamente de cinco años.
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Arturo Cervellera
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