Un juez archiva la investigación a la ministra Morant por su actuación en un desahucio en Gandia

El titular de Instrucción 3 de la ciudad ducal ha adoptado esta decisión con el visto bueno de la fiscal encargada del asunto. La denuncia sostenía que se había causado un perjuicio al Consistorio, entre otros motivos, porque la comitiva municipal que acudió al desahucio movilizó al resto de inquilinos que dejaron de pagar las rentas a la empresa concesionaria del inmueble. Estos hechos, en líneas generales, derivan de diferentes procedimientos contenciosos.

El juez descarta la comisión de cualquier delito. Por ejemplo, dedica especial interés a analizar la supuesta prevaricación. Cree que la relación entre el Ayuntamiento y la concesionaria nunca ha sido pacífica y, de hecho, han mantenido diferentes contenciosos al respecto de unas obras en el inmueble. Tampoco aprecia responsabilidad contra autoridades o funcionarios y recuerda que no existe ninguna condena contra el Consistorio. Además, la empresa reclamó una indemnización al Ayuntamiento, cuestión esta que fue desestimada por la Justicia.

El instructor determina que no existe ningún indicio de que Morant cometiera un delito de malversación o tráfico de influencias en todo este procedimiento. «No hay ningún elemento que acredite la comisión de un delito».

El juez, en cambio, sí que considera que los hechos que ocurren en 2015, cuando la alcaldesa y otros responsables municipales acuden a la paralización del desahucio, pueden constituir una actividad delictiva. En este sentido apunta al 410 (impedir el cumplimiento de una resolución judicial), el 412 (no prestar auxilio suficiente a la Administración de Justicia) y el 508 (arrogarse atribuciones judiciales). Sin embargo, todos estos hechos estarían prescritos.