El juez archiva el caso contra Mónica Oltra al no hallar «delito alguno»

El recorrido judicial del caso Mónica Oltra ha llegado a su fin salvo que lo impida la puerta abierta del recurso que permite el auto. Un archivo que suma un cadáver más a la política valenciana, tan acostumbrada a los juzgados en los últimos años, que ha visto como la investigación ha quedado en nada: «No hay ningún indicio de delito». Así de claro. Un proceso iniciado en 2021, al hilo del investigado anteriormente por el abuso sexual a una menor tutelada por parte del exmarido de la consellera y que hizo saltar por los aires la concordia en el Consell del Botánico. Oltra dimitió y ya nada fue igual. Este asunto fue una losa con repercusión política, que no fue otra que la izquierda perdiera la gobernabilidad con la dirigente franquicia de Compromís en fuera de juego.

El juzgado de instrucción 15 de Valencia ha sobreseído el caso de manera provisional. La investigación ha concluido con que no hay nada reprobable en la actuación de la exvicepresidenta del Consell ni en los otros 15 investigados por la gestión de la conselleria de Políticas Sociales de un caso de abusos sexuales a una menor en un centro tutelado dependiente de la Generalitat. Un abuso sexual por el que sí que fue condenado un educador, que era el exmarido de Oltra, y que ya se encuentra en la prisión de Picassent cumpliendo una condena de cinco años de cárcel –hasta 2029– ratificada por el Supremo.

El auto del juez, firmado ayer 2 de abril, es claro y concluye que en ningún momento la conselleria de Políticas Sociales ordenó tapar el abuso a la menor M. T. por parte del exmarido de Oltra y que en ningún caso se hizo nada para desacreditar la versión de la niña: «Se ha reiterado hasta la saciedad que no existe ni un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la conselleria dirigidas a ocultar los hechos o a desacreditar a la menor».

El documento realiza un detallado recorrido del caso entre 2016 y 2017. Desde que la menor denunciara ser víctima de un abuso sexual por parte de un educador hasta las decisiones tomadas por los responsables del centro de menores, las gestiones realizadas por los especialistas de la conselleria, las peticiones de la Fiscalía de Menores y el día en que Oltra, el 4 de agosto de 2017, se entera del hecho y ordena que se adopten una serie de medidas para que se aclare toda la situación. Un exhaustivo recorrido por un caso que le costó el cargo a Mónica Oltra, que dimitió de sus responsabilidades institucionales en el Consell y orgánicas en Compromís tras ser imputada. La izquierda tuvo que aplicarse la misma medicina que años antes exigió y forzó al PP de Camps. Las prisas con las imputaciones, sin dar la oportunidad de defenderse, el tiempo ha demostrado que no son buenas en ninguna de las orillas políticas.

El auto del juez es contundente en los fundamentos de derecho para tomar la decisión de archivar el caso: «Todos y cada uno de los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales provisionales contra las personas investigadas en estas diligencias previas se han desvanecido por completo una vez practicadas todas las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados». El auto relata con rotundidad las razones que fundamentan la decisión: «Oídos todos los investigados y tomando en consideración la declaración de todos los testigos (y muy en particular el de la propia M.)... no subsiste indicio racional de criminalidad alguno contra los imputados ni fundamento alguno para dictar una resolución de imputación judicial... pues las meras sospechas, conjeturas o elucubraciones sobre lo acaecido, no sustentadas en indicios racionales, no autorizan a ello».

En relación a la exvicepresidenta, el juez apunta incluso que no se ha acreditado «ni al nivel propio de los indicios» de que pudiera haber cometido un delito ya que se enteró en agosto del caso, muchos meses después de que ocurrieran los hechos. Oltra, en su declaración, apuntó incluso que en febrero de 2017 su entonces marido le llegó a decir que tenía unos días de vacaciones, por lo que le ocultó que había sido apartado de su trabajo temporalmente mientras se investigaba a nivel interno la denuncia de la menor, a la que varios especialistas no le dieron credibilidad a su testimonio. En el auto, incluso se justifica el hecho de que el día en que la menor fue a la Ciudad Justicia como víctima lo hiciera esposada, porque nadie había puesto en antecedentes a los policías de la situación y se les había advertido de las intenciones de fuga que siempre desarrollaba la chica.

El magistrado apunta que alguno de los investigados sí que pudo haber obrado de manera distinta a la que lo hizo durante el proceso, pero ni aún así el comportamiento llevado a cabo es suficiente para encontrar indicios de delito en la actuación llevada a cabo tanto por los profesionales como por los altos cargos imputados en este proceso. El instructor de la causa no ha apreciado indicios de delitos de prevaricación administrativa ni de abandono de menores ni de omisión del deber de perseguir delitos.

Y no hay más diligencias que realizar porque no cambiarían el resultado del partido. El juez, además, apunta en el acto, que los correo electrónicos que se investigaron «nada aportaron a la causa». El auto estima que las llamadas entre Oltra y su jefe de gabinete, o de Oltra y su exmarido, serían algo lógico en este tipo de situación y que no pueden aportar nada porque su contenido sería siempre desconocido. Además, destaca que la Generalitat tampoco tenía la obligación, a través de la Abogacía, de defender a la menor en el juicio.

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