El juez autoriza el examen de las cuentas de la exdirectora del Instituto de las Mujeres

El juez ha autorizado a la Guardia Civil para que reclame al banco los movimientos de las cuentas de ambas sociedades, Elig Consultoría Política de Igualdad y Imber Consultoría de Igualdad. La segunda de las mercantiles pertenecía a la pareja sentimental de García, Elisabeth García, también salpicada en este procedimiento penal.

El instructor considera esencial que los agentes consulten esas dos cuentas porque es el supuesto destino donde recibieron los fondos de unos 60 contratos públicos. Sería el método para «canalizar las ganancias patrimoniales que se habrían derivado desde las arcas públicas, y puede que privadas, mediante las influencias de las denunciadas o sin cumplir los requisitos legales para la obtención de las adjudicaciones o incumpliendo el régimen de incompatibilidades», recoge el auto.

En total, se apunta a una facturación cercana a los 150.000 euros. La denuncia del Sindicato Manos Limpias se resume en que las dos investigadas –todavía no han declarado en sede judicial y lo más probable es que no comparezcan hasta que no existan diligencias que apunten hacia la existencia de indicios delictivos- aprovecharon su posición pública para recibir un buen número de contratos desde Ayuntamientos gobernados fundamentalmente por el PSPV y Compromís.

El juez planteó dudas en sus inicios acerca de la competencia para analizar los hechos. En principio, la denuncia se presentó en un juzgado de Valencia, pero este instructor se inhibió al sostener que la empresa tenía su sede social en otro partido judicial.

El titular de Mislata, por su parte, planteó alguna objeción porque la empresa había recibido encargos desde otras provincias, entre ellas, Madrid. En este sentido, el magistrado solicitó un informe al ministerio fiscal para que explicara si debían aceptar la querella. Se ignora, por el momento, el contenido de ese dictamen.

La denuncia de Manos Limpias destacaba por su superficialidad. Aportaron documentación de los nombramientos y ceses de los cargos políticos, la realidad de la adjudicación de diversos contratos publicados por las respectivas administraciones y que las dos sospechosas son titulares de la mercantil beneficiada, Elig Consultoría. Pero la realidad es que el documento no concreta mayores indicios acerca de un supuesto tráfico de influencias. La causa está abierta por este delito además de los de prevaricación y falsedad documental.

Isabel García acumulaba una larga trayectoria política de más de una década vinculada al PSPV. La ahora ex alto cargo -dimitió nada más aparecer las primeras informaciones periodísticas- había sido diputada provincial del PSPV, concejala en el Ayuntamiento de Xirivella y asesora del Ministerio de Transportes de la mano precisamente de José Luis Ábalos, hoy exministro y salpicado directamente por el supuesto cobro de comisiones por contratos de mascarillas en los peores meses de la pandemia.

La empresa de la exdirectora del Instituto de las Mujeres fue creada el 14 de febrero de 2022. Su pareja también desempeñó durante un tiempo su labor de asesora en el Senado. Ambas estaban inmersas en la primera línea política. Desde su salida de la Administración ha mantenido un perfil bajo.