La jueza investiga a Jorge Bellver por haber recibido regalos del cabecilla de Azud

El sumario revela que el promotor urbanístico Jaime Febrer premió al edil con al menos tres relojes de lujo. Este obsequio excede notablemente los detalles de cortesía de Navidad. Los precios varían de un mínimo de 2.000 euros a un máximo de 3.000, según la documentación intervenida. Destacan los modelos Seamaster Omega, un Brentley y otra pieza de la exclusiva firma Breitling. Además, también fue agasajado con una maleta de casi 1.000 euros Ermenegildo Zegna.

La cuestión reside en si a cambio de esos obsequios se compró de alguna forma la voluntad de edil o fue un regalo simplemente por el cargo que ostentaba. Ambas situaciones, no obstante, son delictivas. Pero el auto de la jueza apunta a que el dirigente popular favoreció al constructor en el asunto conocido como «colegios», una operación en la que se compensó una deuda económica del Ayuntamiento a diez centros educativos a cambio de parcelas en Valencia.

La instructora habla de la «activa» participación del concejal popular en todo este proceso en el que Febrer se vio favorecido. La relación entre José María Corbin y el citado empresario arrancó en 2007. Firmaban contratos con los objetivos que se pretendían conseguir. En uno de ellos, por ejemplo, se estipulaba que los servicios prestados eran que la firma «fuera adjudicataria».

Los intereses de Febrer eran amplios. La ejecución de Ausias March, derechos de superficie sobre varias parcelas, la construcción de vivienda pública, servicios de asistencia de ayuda a domicilio, así como el ya conocido asunto de los colegios. En este último, según la jueza, jugó un papel determinante el edil popular.

La instructora recoge que en 2006 «existía una trama creada en el Ayuntamiento de Valencia en la que autoridades, funcionarios, personal laboral y asesores y técnicos» procedieron a tener grandes «beneficios para su peculio con el pago de dinero o regalos» que efectuaban los diferentes grupos empresariales. En el caso de los colegios, se logró que el «ayuntamiento tramitara de forma oculta un expediente administrativo».

La funcionaria Esmeralda Orero, una histórica del Consistorio, y que también recibió regalos de Loewe facilitó a Febrer las parcelas más interesantes. Más tarde, Alfonso Grau medió con la Conselleria de Educación para la desafección de esas superficies que estaban destinadas a uso dotacional, según el auto de la jueza. Después se procedió a tasar las parcelas. Lo hizo la entidad Tinsa.

Bellver, según la jueza, intervino en este punto. En 2007 presentó una moción en la que hacía constar que se hacía precisa la valoración de dos terrenos, pero dejó fuera la referencia a una tercera tasación, tal y como se había aprobado en la Junta Local. Tinsa pasó su factura que no superaba los 12.000 euros y así no excedía el límite del contrato menor. Para el resto de las facturas se habilitó un procedimiento anómalo.

El asunto de Bellver recuerda por su evidente similitud con el reloj que recibió la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez de la trama Gürtel. La también expresidenta de Les Corts fue condenada a nueve años de cárcel por malversación y cohecho por el amaño del contrato del stand de la Feria Internacional de turismo (Fitur).

Bellver es ahora mismo el vicepresidente segundo de la Mesa de les Corts, aunque no forma parte del equipo de confianza de Carlos Mazón y María José Catalá. Sus valedores eran, en otros tiempos, Isabel Bonig y Barberá. Bellver es aforado por lo que una eventual imputación le llevaría directamente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV). De hecho, este mismo martes ha llegado a la Mesa de Les Corts la consulta de la jueza para que se acredite de forma oficial que Bellver es abogado.

En definitiva, el edil afrontaría el mismo camino en el que ahora se encuentra Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales de su ex marido o por el que ya pasaron en su día Francisco Camps y Rita Barberá por los indicios en el caso Urdangarin. En este caso se descartaron. Rafael Blasco, en cambio, fue procesado y condenado. La decisión lógicamente incrementará la presión sobre el dirigente y de manera irremediable sobre la formación popular.

No es la primera vez que el edil tiene graves problemas con la Justicia. En su día fue juzgado por el conocido como caso de los Jardines de Monforte. El TSJ le absolvió de un delito de prevaricación en la adjudicación de un aparcamiento subterráneo en 2004 junto al enclave protegido, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) sin permiso previo de la Conselleria de Cultura. El tribunal resolvió que la legislación autonómica no establecía la obligatoriedad de solicitar autorización a la Generalitat para modificar el subsuelo de un bien de interés cultural (BIC) como el citado enclave.

Años más tarde, en 2016, el nombre de Bellver fue relacionado con una derivada del caso Imelsa. Durante las pesquisas de este caso se descubrió que su mujer y la del concejal Cristóbal Grau tenían empresas domiciliadas en la misma sede que los testaferros de Marcos Benavent utilizaban para alguna de sus sociedades pantalla a través de las cuales supuestamente desviaban dinero de facturación inexistente o comisiones. Bellver era entonces administrador de una de las firmas.

La dirección de las tres mercantiles utilizaban un despacho de abogados situado en la céntrica calle Roger de Lauria, tal y como informó LAS PROVINCIAS. Ahí se encontraba, por ejemplo, la sociedad Spartaki Sinergias SL, en manos de testaferros de Benavent. En el mismo despacho, y en apenas cuestión de días, figuraba la sociedad Interleven Builder que hasta 2010 tuvo como administradora única a Alicia Torres, mujer de Jorge Bellver.

Exactamente la misma dirección también se empleó para la mercantil Ousborn Trader, al frente de la cual estuvo Pilar Alama, mujer de Cristóbal Grau. Sin embargo, fue el actual diputado Jorge Bellver quien tomó las riendas de la mercantil desde abril de 2012. Se desconoce cómo está actualmente la empresa y sus administradores.