La juez de Azud levanta el secreto después de siete años de investigación

El caso arrancó en 2017 y tuvo un primer operativo policial en 2019 con la detención de José María Corbín, cuñado de la alcaldesa Rita Barberá. Las diligencias continuaron y en la segunda operación fue arrestado, de nuevo, el empresario Jaime Febrer, el exvicealcalde Alfonso Grau y el líder socialista municipal Rafa Rubio.

Sin embargo, la juez y el fiscal Anticorrupción han sostenido durante años la necesidad de que determinadas diligencias se mantuvieran bajo secreto, lo que supone que sólo la UCO y los dos responsables jurídicos conocen el detalle de las pesquisas. Las defensas se han quejado con insistencia de las prórrogas de esta medida excepcional por la indefensión que les genera.

Ahora, la juez considera que la UCO ha terminado los informes de carácter reservado y da acceso al sumario. Existen cinco piezas secretas. Algunas fuentes consideran que son nuevas líneas de investigación, otros piensan que se trata de aspectos desligados de alguna de las cuestiones que ya están en la pieza principal. Una de las cuestiones que se analiza entre todo este material está la investigación a Alfonso Grau y su familia por la supuesta ocultación de fondos procedentes del cobro de comisiones.

La familia trata estas semanas de que el juzgado desbloquee parte de su patrimonio, trabado por la causa judicial. El levantamiento del secreto puede deparar nuevas imputaciones de delitos o de personas, unas opciones que sólo se confirmarán dentro de unas semanas.

La medida acordada por la juez inquieta en partes iguales al PP y al PSPV. Por un lado, se investigan tratos de favor desde el Ayuntamiento de Valencia para negocios urbanísticos del empresario Jaime Febrer. El asunto más avanzado es el conocido como 'los colegios', la entrega de unos solares para vivienda a cambio de saldar una deuda del Ayuntamiento con diferentes centros educativos.

Pero el supuesto cobro de comisiones salpica tanto a Grau como a Rafa Rubio, aunque este insiste en que fue una herencia. De igual modo, además, aparece otro punto negro en las filas socialistas. La supuesta financiación ilegal del partido durante los comicios de los ejercicios de 2006 y 2007. Un informe de la UCO, que consta en la investigación que no está afectada por ese secreto excepcional, ya recoge los indicios de que empresarios pagaron parte del material promocional de los partidos.