La Audiencia respalda la investigación de Erial y aboca a Zaplana al banquillo

La sección Quinta de la Audiencia resuelve que el auto recurrido contiene «detalle suficiente» de los hechos que llevaron a continuar con el procedimiento. Estos, sigue el auto, se desprenden de las diligencias y sin que precise la resolución ahora controvertida «de un relato fáctico en los términos que serían exigibles para una sentencia». En definitiva, que de lo instruido se puede continuar con el siguiente paso, la vista oral. «No es lícito pretender de la juez de Instrucción una valoración definitiva de pruebas o acopios de la instrucción", subraya el tribunal.

El expresidente de la Generalitat cuestionaba el inicio de las diligencias con el famoso registro en el despacho del abogado de Marcos Benavent donde se recuperan unos papeles que un ciudadano sirio casualmente había encontrado en la vivienda en la que Zaplana residió en Valencia. Además, también se censuraba el papel de Fernando Belhot, supuesto testaferro uruguayo que había cambiado de su condición de imputado a testigo tras confesar su papel en la red delictiva.

Respecto a esta última cuestión, la Sala entiende que son planteamientos que no corresponde revisar ahora sino en una fase posterior, la del juicio. De igual modo, despacha el tribunal la posibilidad de abordar ahora la existencia de nulidades, otro aspecto que corresponde reclamar en las cuestiones previas de la vista oral.

En su día, Zaplana protestó ante el rechazo de determinadas testificales como la de Marcos Benavent o el comisario Villarejo -ambos han declarado conspiraciones y montajes para perjudicar al expresidente- pero el tribunal no acaba de comprender "qué extremos de vital importancia" tienen esas comparecencias para desvirtuar toda la investigación que ha comandado el juzgado de Instrucción 8 de Valencia desde hace más de cinco años. Los dos primeros, bajo secreto de sumario.

La secretaria personal de Zaplana, Mitsuoko Henríquez, sostuvo en su recurso que el juzgado no era el competente para seguir esta instrucción porque, en todo caso, estaríamos investigando hechos cometidos por un español en el extranjero cuya competencia sería la Audiencia Nacional. "No es este el trámite legalmente previsto para ello", responde el auto. Esto ya fue expuesto en su día por la defensa de Zaplana.

La exdiputada del PP Elvira Suances y su hermano Saturnino Suances también presentaron su recurso ante la Audiencia. Argumentaban que el expediente judicial se ha cerrado sin que hayan declarado como investigados en toda la instrucción. La Sala corrige a la representación en el sentido de que nunca lo llegaron a pedir expresamente "sino de forma genérica". Fue más un anuncio de que comparecerían cuando se levantara el secreto de sumario.

La semana pasada se conocía el escrito de calificación del fiscal donde mantiene que se arreglaron los concursos de los parques eólicos y también la privatización de las ITV con el objetivo de favorecer a los Cotino. De hecho, estos obtuvieron unos beneficios de 86 millones de euros tras la venta de las sociedades que habían resultado adjudicadas.

Anticorrupción reclama a Zaplana 19 años de cárcel por estos hechos así como una multa de 40 millones de euros. Los empresarios José Cotino y Vicente Cotino, por su parte, afrontan una pena de prisión de 14 años. La menor participación de Olivas se queda en una petición de seis años. El también presidente de Banco de Valencia cobró una comisión de 580.000 euros, según el relato incriminatorio del fiscal.