La juez de Azud rechaza dejar libre al empresario Febrer tras cumplir un trimestre preso

Se trata del único cabecilla de la trama junto al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau que sigue en la cárcel de Picassent. El exdirigente popular tiene 80 años. Nunca antes había estado en prisión pese a sus múltiples frentes judiciales. Uno de ellos, el famoso cohecho de los relojes de lujo por parte de Transvia, proveedor del Ayuntamiento, terminó con una condena de tres años. El fallo está recurrido.

El pasado de Febrer encuentra ciertas similitudes. No está exento de sobresaltos judiciales, pero son de menor entidad. El promotor ha sido sorprendido en entramados para defraudar a Hacienda. Pero o bien ha salido absuelto o el asunto se ha cerrado con condenas mínimas.

Por ejemplo, el pasado mes de julio cerró una conformidad y aceptó seis meses de cárcel para poner fin a una acusación por un fraude del IVA. Pero, con anterioridad a Azud, nunca había estado en la cárcel.

El hecho de que ambos permanezcan todavía en prisión –otros empresarios ya salieron hace meses– evidencia el protagonismo en la red que la Fiscalía Anticorrupción y la juez otorgan al empresario y al político. Febrer ha solicitado en varias ocasiones la libertad a la instructora, la última petición se ha resuelto esta pasada semana. El motivo de su encarcelamiento se mantiene, tal y como demuestra la decisión judicial. El riesgo de destrucción de pruebas sigue siendo una posibilidad. Los investigadores consideran que podría entorpecer las pesquisas en caso de que saliera de la prisión. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) continúan con las últimas diligencias para apuntalar los atestados policiales.

En una situación similar estuvo en su día Rafa Rubio, exdelegado del Gobierno y responsable socialista en el Ayuntamiento. En su caso, también se denegó la libertad hasta que se completaron algunas diligencias en el Consistorio valenciano. En la administración local, la investigación también ha salpicado a Esmeralda Orero, toda una institución en el Ayuntamiento. Orero fue nombrada directora general de Coordinación Jurídica de Ordenanzas, Licencias e Inspección en la última legislatura de Rita Barberá. Una de las vías de investigación reside en el trato de favor que Febrer pudo recibir de los gobiernos del PP para sus negocios inmobiliarios.

El empresario contrató a Manolo Mata, síndic del PSPV, como letrado para que lleve su defensa en este comprometido asunto. El objetivo a más corto plazo es obtener su libertad antes de afrontar una larga y compleja instrucción judicial de un asunto que lleva más de cuatro años bajo secreto y cuya primera parte se saldó con la detención de José María Corbín, cuñado de la alcaldesa Rita Barberá.

Pero, además, las indagaciones también abarcan el PSPV. Es un asunto que preocupa en el partido porque se trata de aclarar si la organización política pudo aprovecharse de algún modo de los tentáculos de la trama. La imputación de Pepe Cataluña, histórico de las finanzas de la formación socialista, refuerza esta tesis. De igual modo, José Luis Vera, el todavía jurídico de Divalterra, también mantiene poderosos vínculos con los socialistas.