El juez de Azud responde a un empresario: «Hay pagos que habrían sufragado gastos del PSOE»

La Audiencia archivó la investigación contra el empresario Luján por pagos electorales al PSPV al declarar prescritos los hechos. De inmediato, Enrique Gimeno, empresario de Facsa, reclamó el sobreseimiento al sostener que su situación resultaba análoga a la de su compañero. Pero ni el nuevo juez de Azud –ha sustituido a la titular de Instrucción 13- ni el fiscal Anticorrupción creen que sean casos comparables.

El juzgado acaba de rechazar la petición del empresario. Por un lado, niega que las diligencias constituyan una investigación prospectiva. Todo lo contrario. Es más, sostiene que existen indicios «perfectamente concretizados y detallados» como «los pagos de 2007 y 2009 que habrían sufragado gastos electorales del PSOE».

El magistrado entiende que es la instrucción el «cauce adecuado para depurar la realidad de estos hechos». Esas facturas bajo sospecha estarían relacionadas con «las adjudicaciones de contratación pública de 2017 y los contactos con la Agencia Tributaria Valencia de 2019«, según se deriva de documentación intervenida a José María Cataluña, el histórico cerebro de las finanzas del PSPV y las actuaciones de Facsa en Gilet, su localidad natal.

Pese a este pronunciamiento, será la Audiencia la que tenga la última palabra acerca del final de las investigaciones sobre la caja B del partido socialista. La Fiscalía Anticorrupción mantiene que las empresas de Gimeno aparecen relacionadas con los pagos a Cronosport, la firma que confeccionaba los productos con los logos de los socialistas. En total, abonaron unos 180.000 euros.

El fiscal, del mismo modo, subrayó que el empresario tenía un contacto fluido con Pepe Cataluña. Los investigadores creen que los pagos entre las empresas de Gimeno y la citada agencia responden a una contraprestación por el amaño de adjudicaciones. El fiscal ligó la prevaricación al delito de cohecho, con independencia de que este sea a un particular o funcionario. Esta vía de las pesquisas, la de la prevaricación, no está agotada, insisten los escritos del ministerio público.